El jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que el documento que certifica la seguridad del puerto hasta 2029 contradice los argumentos utilizados por Nación. Cuestionó la legalidad de la medida y anticipó nuevas acciones judiciales.
La intervención del puerto de Ushuaia sumó un nuevo elemento de conflicto tras conocerse un informe de Prefectura Naval Argentina, emitido días antes de la medida, que certifica condiciones de seguridad operativa hasta el año 2029, en contraste con los argumentos utilizados por Nación para justificar el desplazamiento de la administración provincial.
El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, aseguró que el documento “ratifica lo que venimos sosteniendo desde el inicio”, al cuestionar la validez de la intervención. “No había ningún sustento técnico ni lógico que pudiera avalar una medida de este tipo”, afirmó.
Según explicó, la intervención se apoyó en dos ejes principales: supuestas irregularidades financieras y problemas de seguridad en la operatoria portuaria. Sobre el primero, fue tajante: “Se habló de desvío de fondos, pero eso nunca existió. No hubo traslado de recursos desde el puerto a la OSEF ni a ningún otro organismo”.
El segundo argumento, la falta de condiciones de seguridad, queda directamente tensionado por el informe conocido en los últimos días. “Aparece un documento que fue entregado cinco días antes y que dice exactamente lo contrario: que el puerto era seguro y operativo hasta 2029”, señaló. Canals remarcó además un dato clave: ese informe no fue utilizado en las instancias previas. “No fue ingresado a la Dirección Provincial de Puertos y por eso tampoco pudimos incorporarlo en la estrategia judicial”, explicó.
A partir de allí, el funcionario planteó una de las principales contradicciones del proceso. “Si realmente el puerto no estaba en condiciones, tampoco lo estaba para quienes intervinieron. Sin embargo, desde el primer día siguieron operando con total normalidad”, sostuvo.
En ese sentido, describió que no hubo modificaciones sustanciales en la operatoria. “No cambiaron los contratos, no cambiaron los convenios, no hubo ninguna medida que indique que había un problema estructural”, afirmó, y agregó: “Lo único que hicieron fue tomar control”. La crítica se extiende al funcionamiento actual del puerto bajo intervención. Canals advirtió que la provincia perdió completamente la capacidad de control. “Hoy no sabemos qué se hace con los recursos del puerto”, señaló, en referencia a la recaudación que dejó de ingresar a la órbita provincial: “Esos fondos ahora van a una cuenta nacional y no tenemos información sobre su destino. No hay trazabilidad, no hay control”, afirmó, y vinculó esta situación con posibles responsabilidades futuras.
También cuestionó la falta de claridad en la estructura de la intervención. “Ni siquiera está claro quién es el interventor. No hay una figura identificable que dé explicaciones”, planteó. El funcionario fue más allá y sugirió que la decisión tuvo motivaciones ajenas a lo técnico. “Esto no responde a un problema operativo, hay intereses económicos detrás”, sostuvo.
En paralelo, defendió el trabajo realizado por la provincia en los últimos años. “El puerto venía siendo intervenido en términos de mejoras, con inversiones concretas en infraestructura y seguridad”, indicó, y vinculó ese proceso con el informe de Prefectura. “Ese documento es consecuencia de un plan que se venía ejecutando”.
En ese marco, explicó que la certificación no es un hecho aislado. “Prefectura no emite un informe así porque sí, lo hace en base a un plan de adecuación y a controles que se venían cumpliendo”, afirmó.
Respecto a las críticas sobre una supuesta inacción previa de la provincia, Canals las rechazó. “Se trabajó, se respondieron requerimientos y se hicieron mejoras. Otra cosa es que las respuestas no coincidieran con lo que algunos querían escuchar”, señaló.
El informe también impacta en la estrategia judicial del Gobierno. “Esto cambia el escenario. Vamos a revisar y ampliar las acciones”, adelantó, y agregó que se evaluarán responsabilidades. “Hubo gente que tenía este documento y aun así avanzó con la intervención”. Asimismo, confirmó que el Ejecutivo participará de las instancias convocadas en la Legislatura y otros organismos, aunque aclaró que la estrategia legal seguirá en dos frentes: la provincia por un lado y la Dirección de Puertos por otro.
