Tierra del Fuego AIAS:“La Constitución en la pijamada de los legisladores”

Tierra del Fuego acaba de ofrecer una escena que no desentonaría en ningún manual de realismo político argentino. Todos hablan en nombre del pueblo, todos invocan el futuro, todos se declaran custodios de las instituciones, claro que las actitudes con referencia por ejemplo a la absurda intervención federal del puerto de Ushuaia no provocó idéntica reacción en buena parte de los legisladores fueguinos. Pero a la hora de actuar, la reforma constitucional terminó pareciéndose más a una mudanza nocturna que a una deliberación pública: rápida, poco visible y con la sospecha de que alguien está aprovechando la oscuridad para llevarse algo que le sirva.

La Ley 1529 nació con ambición. Setenta artículos a reformar no son una anécdota; es una reconfiguración relevante del sistema institucional. El problema no fue el diagnóstico, sino la forma. Aprobada con apuro, sin debate profundo y con un alcance que pedía exactamente lo contrario -tiempo, discusión, exposición-, la iniciativa arrancó con un déficit que después se volvió estructural: falta de confianza.

Hasta ahí, el Ejecutivo puede ser acusado de lo habitual: velocidad, cálculo político y cierta fe en que la legalidad alcanza para reemplazar la legitimidad. Nada demasiado original. La verdadera innovación apareció más tarde, cuando la Legislatura decidió intervenir… con un estilo que combina eficacia táctica y vocación por el horario inconveniente.

Porque si algo logró el Poder Legislativo fue mejorar el problema original. Donde había poco debate, directamente eliminó el resto. A las 3:50 de la madrugada del 1° de mayo, con precisión de relojero suizo, pero de esos que funcionan solo de noche, los legisladores desarmaron el proceso que la Legislatura había habilitado meses antes. Una demostración interesante de flexibilidad institucional: se puede construir una reforma y desarmarla sin que el sol llegue a salir.

Queda, además, una duda que en política rara vez se formula en voz alta pero que todos entienden sin necesidad de actas: cómo se construyó esa mayoría exprés para derogar la ley. Porque las convicciones institucionales suelen ser más lentas, más trabajosas y bastante menos coordinadas que lo que se vio esa madrugada. En cambio, las mayorías que aparecen a las cuatro de la mañana, perfectamente alineadas y sin fisuras visibles, suelen tener otro tipo de ingeniería: la que combina proyectos pendientes, favores cruzados y prioridades que misteriosamente encuentran tratamiento cuando hace falta un voto. Tal vez fue una coincidencia. O tal vez la Constitución tuvo la mala suerte de cruzarse con una agenda legislativa donde las urgencias institucionales compiten, y a veces pierden, contra las conveniencias políticas de cada sector.

Hay algo casi pedagógico en esa escena. La Constitución, ese contrato básico de convivencia, fue tratada como un documento de uso eventual: se aprueba cuando conviene y se descarta cuando deja de hacerlo. Todo en un poder legislativo donde los protagonistas no necesitan cambiar de banca para cambiar de posición.

El oficialismo, previsiblemente, denunció la defensa de privilegios. Puede haber algo de verdad en esa lectura. Pero el punto más incómodo está en otro lado: la Legislatura no frenó el proceso con más deliberación, sino con menos. No corrigió el defecto original; lo profundizó. Si el problema era la falta de discusión pública, la solución adoptada fue garantizar que esa discusión no ocurriera en absoluto.

La oposición celebró el resultado con entusiasmo. Tampoco conviene exagerar. Derogar una ley de este calibre en una sesión nocturna no es precisamente una postal de institucionalidad robusta. Es, más bien, una jugada eficaz: bloquea, ordena y gana tiempo. El problema es que, en ese movimiento, la Constitución deja de ser un pacto y pasa a ser una ficha más en el tablero.

Mientras tanto, la Justicia aportó lo suyo a este ejercicio colectivo de ambigüedad. Intervino, frenó, dejó avanzar y finalmente habilitó, pero con tiempos que hicieron difícil distinguir entre prudencia y cálculo. La dinámica fue conocida: rapidez para lo urgente, parsimonia para lo importante. El expediente avanzó lo suficiente como para mantener vivo el proceso, pero no lo necesario como para ordenar la incertidumbre.

Cuando finalmente llegó el aval judicial, el mensaje fue claro en lo formal: se puede avanzar. En lo político, bastante menos. Porque la Justicia puede habilitar procedimientos, pero no puede fabricar consenso. Y cuando ese consenso no existe, cada intervención judicial se interpreta menos como una decisión jurídica y más como una jugada dentro de la misma partida.

El resultado de esa interacción entre poderes es un fenómeno bastante reconocible: nadie termina de hacerse cargo del proceso, pero todos participan de su deterioro. El Ejecutivo impulsa, la Legislatura bloquea, la Justicia regula en cámara lenta. Y en el medio, la Constitución pierde densidad institucional para convertirse en argumento de ocasión.

La discusión de fondo quedó, como era previsible, en segundo plano. Sistemas electorales, organismos de control, relaciones entre niveles de gobierno: temas relevantes que requieren tiempo y consenso. En cambio, el debate giró en torno a urgencias coyunturales y sospechas políticas. La crisis fiscal, los conflictos sectoriales y las tensiones presupuestarias funcionaron como argumento suficiente para postergar cualquier discusión estructural. Curiosamente, con ese criterio, ninguna reforma sería posible nunca.

Pero incluso en ese punto la Legislatura mostró una particular coherencia: redujo la provincia a su dimensión administrativa. El debate se organizó en torno al Estado, solo parece importar los salarios de sus empleados, sus conflictos, sus recursos, como si la sociedad fuera apenas un apéndice de esa estructura. El resto, los que no tienen sindicato, expediente o despacho, quedaron fuera del radar. Una omisión que no es casual: es más fácil legislar cuando se obvia a quienes no están sentados en la mesa.

El otro gran condicionante fue la sospecha. No tanto el contenido de la reforma, sino su posible efecto: la continuidad en el poder. En política, esa sospecha tiene una lógica propia. No necesita pruebas concluyentes; le alcanza con antecedentes. Y Tierra del Fuego los tiene. Reformas anteriores, reinterpretaciones judiciales y cláusulas ausentes que terminaron habilitando lo que formalmente se buscaba limitar.

Ese historial convierte cualquier intento de reforma en un ejercicio cuesta arriba. No importa cuánto se argumente sobre modernización o eficiencia: una parte relevante de la sociedad escucha otra cosa. Y cuando eso ocurre, el debate pierde sentido antes de empezar.

En ese contexto, la Legislatura actuó como si el problema fuera exclusivamente del Ejecutivo. No lo es. El deterioro del proceso es compartido. Pero el modo en que decidió intervenir —rápido, opaco y en horario marginal— refuerza exactamente aquello que dice cuestionar: la desconfianza.

Lo más llamativo es que, en el intento de frenar una reforma cuestionada por su falta de legitimidad, el Legislativo eligió un método que tampoco la construye. Es una especie de paradoja funcional: se critica el procedimiento… utilizando uno igual o peor.

La consecuencia es bastante previsible. La reforma queda suspendida, pero la discusión sigue pendiente. La provincia necesita revisar su arquitectura institucional, pero ahora con menos margen político para hacerlo. No porque los temas hayan perdido relevancia, sino porque el proceso fue gestionado como una disputa de corto plazo.

En el camino, la Constitución fue degradada. No por su contenido ni por su antigüedad, sino por el uso que se hizo de ella. Pasó de ser un acuerdo de largo plazo a una herramienta circunstancial: bandera, obstáculo, excusa o botín, según la necesidad del momento.

La escena final es difícil de mejorar: una reforma constitucional discutida a los apurones, judicializada con tiempos inciertos y finalmente desactivada de madrugada por los mismos actores que la habían impulsado. Todo en nombre de la institucionalidad.

La reforma puede ser necesaria. Lo ocurrido hasta ahora sugiere que, en estas condiciones, cualquier intento va a nacer viciado. No por el contenido, sino por el método. Porque cuando la política decide discutir las reglas del juego en horario de trasnoche, lo que queda en evidencia no es la profundidad del debate, sino la urgencia de los intereses. Y eso, lejos de ordenar el sistema, lo vuelve todavía más difícil de tomar en serio.

(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.

FUENTE: edfm