Las leyes de goteo diario de recursos a municipios, de transferencia inmediata de aportes y contribuciones a la Obra Social y la Caja de jubilaciones de la Policía, la abrogación de la ley que declaró la necesidad de reforma parcial de la Constitución fueron aprobadas por la Legislatura.
Las leyes de goteo diario de recursos a municipios, de transferencia inmediata de aportes y contribuciones a la Obra Social y la Caja de jubilaciones de la Policía, la abrogación de la ley que declaró la necesidad de reforma parcial de la Constitución fueron aprobadas por la Legislatura. La suspensión de la normativa dictada por el Ejecutivo que reformuló el esquema de subsidios a los consumos residenciales de gas envasado y la creación de una comisión investigadora por el radar Leolabs también contaron con el aval parlamentario.
n una extensa sesión, plagada de prolongados cuartos intermedios, la Legislatura aprobó una serie de proyectos de ley que ponen en evidencia la cada vez más notoria confrontación política que existe entre el oficialismo provincial y parte de la oposición.
Durante la sesión que comenzó cerca de las 14:00 del jueves 30 de abril y finalizó al filo de las 04:00 del viernes 1 de mayo, la Legislatura aprobó, por unanimidad o mayoría, un paquete de normas de innegable importancia institucional, económica y política.
Goteo con lo justo
Uno de los temas de mayor relevancia que integraban el orden del día era el de transferencia diaria automática, o goteo diario, de los recursos coparticipables de origen nacional y provincial los Municipios.
El proyecto resultó aprobado con los 9 votos a favor de Pino, Vuoto y García (PJ); Löffler y Villegas (MPF); Lechman y Von Der Thusen (Somos Fueguinos); Lapadula (Provincia Grande) y Colazo (Partido Verde), y el rechazo de Greve, Martínez y Sciurano (FORJA); Graciana y Selzer (LLA) y Dos Santos (Sumemos Tolhuin).
El oficialista Greve fundó el rechazo a la iniciativa a complicaciones técnico-administrativas que impedirían el cumplimiento del giro por goteo diario, y alertó que la decisión mayoritaria del Parlamento podría derivar en la reedición de la situación vivida durante 2005, que concluyó con la destitución en Juicio Político del por entonces gobernador Jorge Colazo por, entre otros hechos, por hacer incumplido con la obligación “de remesar, en tiempo y forma, los fondos de la coparticipación federal al municipio de Río Grande”.
En caso de que el Ejecutivo vete el proyecto, el resultado de 9 a 6 complica, en principio, la posibilidad de que haya insistencia parlamentaria.
Incierto panorama para la reforma
Tal se estimaba en la previa, el proyecto que abrogó la ley que a fines de 2023 declaró, por mayoría, la necesidad de la reforma parcial de la Constitución obtuvo un respaldo sustancial, ya que de 15 legisladores sólo Greve, Martínez y Sciurano (Forja) y Dos Santos (ST) se opusieron a la propuesta impulsada por Lechman (SF).
El oficialista Greve aseguró que la Legislatura carecía de facultades para suspender el proceso constituyente que se había puesto en marcha con el dictado del decreto de convocatoria a elección de convencionales dictado por el Gobernador el pasado miércoles 29 de abril. Este argumento fue rebatido tanto por el mopofista Pablo Villegas como por Laura Colazo (partido Verde) quienes sostuvieron que la doctrina jurídica habilita, en esta instancia, la interrupción del proceso. Colazo señaló que si bien mantiene firme, como a fines de 2023, la opinión sobre la necesidad de reformar la Constitución, coincidió con otros Legisladores en que en este momento, por la complicada situación económica y social que vive hoy la provincia, no resulta oportuno reformar la Carta Magna.
El Ejecutivo, desde que sea notificado oficialmente sobre la aprobación del proyecto, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para vetar la iniciativa. El veto puede ser rechazado por la Legislatura con un mínimo de 10 votos. Pero más allá de esta definición política, el Ejecutivo tiene abierta la posibilidad de recurrir judicialmente la abrogación de la ley 1529.
OSEF, por ahora sin cambios
Una de las votaciones que arrojó el resultado más sorpresivo de la segunda sesión ordinaria fue el del denominado proyecto de fortalecimiento de la autarquía, participación democrática e integridad institucional en la Obra Social del Estado Fueguino, que entre otras cuestiones, buscaba limitar el poder de decisión de los representantes del Ejecutivo en el Directorio de la OSEF.
Mientras se avanzaba en la votación nominal del proyecto de ley, el justicialista Pino se percató que algo no marchaba como se suponía y pidió pasar a un cuarto intermedio cuando aún restaba que 8 legisladores manifestaran el sentido de su voto. Esa petición fue denegada justamente por haber sido planteada en medio del proceso de votación, que culminó con 8 votos en contra; los de Greve, Martínez y Sciurano (Forja); Graciania y Selzer (LLA); Dos Santos (ST), Lapadula (PG) y Villegas (MPF) que votó en sentido contrario que su compañero de bancada, Damián Löffler. Ni el enojo de parte del público ni el pedido de Pino por reconsiderar el asunto para girar el proyecto a comisión lograron torcer el rechazo mayoritario.
Como sucedió dentro de la bancada del MPF el tema OSEF, la ratificación legislativa de la designación de Maximiliano D’alessio en el Directorio de YPF también generó una divergencia dentro de la bancada de Somos Fueguinos, ya que mientras Lechman rechazó junto a Vuoto, Pino y García (PJ); Löffler y Villegas (MPF) y Lapadula (PG) prestar acuerdo al nombramiento, su par de bancada Von Der Thusen alineó su voto al de Greve, Martínez y Sciurano (FORJA); Graciania y Selzer (LLA); Dos Santos (ST) y Colazo (PV) para que se alcanzar la ajustada mayoría necesaria para convalidar lo actuado por el Poder Ejecutivo.
Dentro de los proyectos que contaron con el aval político mayoritario de las bancadas, aparece también el que suspendió la aplicación de Decretos y Resoluciones dictada por el Ejecutivo que reformularon el esquema de subsidios a los consumos residenciales de gas envasado “hasta tanto se dicte una nueva reglamentación que respete criterios de equidad y considere situaciones de vulnerabilidad”. Este proyecto, que fue consensuado con las autoridades del Ministerio de Economía, cosechó el respaldo de 13 legisladores y el rechazo de Greve y Martínez (FORJA), quienes argumentaron que aun compartiendo el espíritu del proyecto entendían que el parlamento no tiene facultades para suspender la vigencia de decretos.
En materia de servicios públicos, los legisladores dispusieron prohibir “el corte del suministro, el retiro de la conexión domiciliaria o del medidor de energía eléctrica, gas natural y agua potable, por falta de pago, a los usuarios al 1° de diciembre de residenciales” entre el 1 de junio y el 30 de septiembre cada año. Además, se retrotrajeron a valores del 1 de diciembre de 2025 los cuadros tarifarios residenciales de Energía Eléctrica y Agua Potable. Esta medida fue rechazada por los legisladores Graciania y Selzer (LLA).
Todos de acuerdo
Pero no todos los temas abordados entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes generaron posiciones encontradas entre los bloques políticos. Por ejemplo, por unanimidad se aprobó el proyecto de ley que establece para el Poder Ejecutivo y sus entes autárquicos y descentralizados un sistema de transferencia inmediata de aportes y contribuciones para la Obra Social del Estado Fueguino y la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego. El proyecto original contemplaba también a la Caja de Previsión Social de la Provincia, pero ese organismo fue excluido del régimen en cuestión a solicitud del Presidente de la Caja y de la Vocal por los Pasivos. Infructuosa resultó la pretensión del bloque oficialista por lograr incorporar dentro de este sistema a los Municipios.
También por unanimidad se aprobó la suspensión de 180 días de los procesos judiciales de ejecución iniciados por el BTF contra retirados y pensionados de la Policía del ex Territorio que desde hace “más de once meses, no perciben en forma regular el complemento provisional a cargo del Estado provincial”. Otro tanto ocurrió con la Resolución de Cámara por la que se creó una Comisión Especial Investigadora que tendrá por finalidad realizar “el análisis, control y seguimiento de las actuaciones administrativas, como así también la ponderación de responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios intervinientes en toda actuación administrativa, o de cualquier índole, relacionada con las autorizaciones otorgadas a la empresa Leolabs Inc y Leolabs Argentina S.R.L. para la instalación de un radar, con su correspondiente estación terrena, en la jurisdicción de Tolhuin”. La comisión estará conformada por un legislador o legisladora por cada bloque, más un integrante del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia y otro del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande.
FUENTE: edfm
