La Fiscalía de Estado remitió al Ministerio Público Fiscal un dictamen que advierte indicios de posible nepotismo y conflicto de intereses durante la gestión de Armando Antonio Arosteguichar al frente del IPRA. El ex funcionario, que a fines de 2025 fue designado en el Superior Tribunal de Justicia y actualmente se desempeña en la vocalía del juez Ernesto Löffler, quedó bajo la lupa por ascensos y recategorizaciones de familiares firmadas sin excusación previa.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego resolvió denunciar penalmente al ex presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Armando Antonio Arosteguichar, por presuntas irregularidades vinculadas a designaciones y ascensos de familiares dentro del organismo. La decisión fue formalizada en la Resolución F.E. Nº 11/26, mediante la cual se ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine la eventual existencia de delitos contra la administración pública.
El dato adquiere particular relevancia institucional porque Arosteguichar fue designado a fines de 2025 en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y actualmente se encuentra afectado a la vocalía del juez Ernesto Löffler. Es decir que, al momento de conocerse la denuncia, el ex titular del IPRA ya forma parte de la estructura del máximo órgano judicial de la provincia, lo que amplifica el impacto político y jurídico del caso.
La investigación administrativa se inició tras una presentación que alertaba sobre posibles situaciones de nepotismo. A partir de allí, la Fiscalía analizó ingresos a planta permanente y, especialmente, recategorizaciones dispuestas en 2025, cuando Arosteguichar se encontraba al frente del instituto.
Según surge del dictamen, en mayo de ese año se dictaron resoluciones —identificadas como RES-406-2025, RES-407-2025 y RES-408-2025— que promovieron de categoría a familiares directos del entonces presidente del IPRA. Entre los beneficiados figuran su cónyuge y sus hijos, quienes accedieron a mejoras escalafonarias dentro de la planta permanente del organismo. Las actuaciones administrativas fueron firmadas por el propio Arosteguichar en su carácter de máxima autoridad.
En este punto, la Fiscalía consideró acreditados los vínculos familiares y sostuvo que el funcionario se encontraba alcanzado por las causales de excusación previstas en la normativa provincial. Sin embargo, no se apartó de la intervención ni de la firma de los actos administrativos. Para el órgano de control, esa omisión vulnera el deber de imparcialidad y compromete la validez de las resoluciones, que podrían estar afectadas de nulidad absoluta.
De licencia con goce de haberes, pero ascendidos
Además de las promociones de sus hijos y su pareja, el dictamen también menciona otras situaciones controvertidas, como la recategorización de agentes que se encontraban usufructuando licencias sin goce de haberes mientras ocupaban funciones transitorias por parte de Arosteguichar. Si bien en algunos de esos casos la Fiscalía distingue matices respecto de la posible responsabilidad penal, advierte deficiencias en los procedimientos y falta de mecanismos transparentes de evaluación.
Desde el punto de vista jurídico, el dictamen señala que los hechos podrían encuadrarse, prima facie, en figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En consecuencia, y en cumplimiento de la obligación legal que pesa sobre los funcionarios públicos de denunciar posibles delitos, se dispuso la remisión del expediente completo al Ministerio Público Fiscal.
No obstante, el documento aclara que la denuncia no implica una declaración de culpabilidad, sino la activación de la instancia judicial para que se investigue si existió conducta penalmente reprochable. Será ahora la Fiscalía competente la que determine si corresponde formular imputación y avanzar con medidas probatorias.
Mientras tanto, la situación genera un escenario institucional delicado. Por un lado, porque las decisiones cuestionadas fueron adoptadas cuando Arosteguichar ejercía la máxima autoridad del IPRA. Por otro, porque actualmente se desempeña en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, y la denuncia recaerá dentro de una de las dependencias del propio Poder Judicial fueguino.
En paralelo a la denuncia penal, la Fiscalía de Estado recomendó revisar y fortalecer los mecanismos internos de selección, ascenso y recategorización dentro del IPRA, al advertir falencias en los sistemas de evaluación y en la fundamentación de las promociones.
FUENTE: edfm
