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ENERGÍA FUEGUINA

Sin funcionar: Terra Ignis tiene una pérdida de 237 millones

El legislador Matías Lapadula encendió el alerta sobre los números de Terra Ignis, que en su balance arroja una pérdida de 237 millones, sin funcionar. Buena parte de ese dinero se va en sueldos, si bien en la respuesta a su pedido de informes no contestaron sobre los niveles salariales de los funcionarios a cargo.

11:05 | 05/05/2025
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El legislador Matías Lapadula encendió el alerta sobre los números de Terra Ignis, que en su balance arroja una pérdida de 237 millones, sin funcionar. Buena parte de ese dinero se va en sueldos, si bien en la respuesta a su pedido de informes no contestaron sobre los niveles salariales de los funcionarios a cargo. Además, habló de serias irregularidades en los estados contables, que fueron rubricados por contadores y síndicos, pese a que no se cumplió con la ley de sociedades comerciales, que plantea la incorporación del 25% del capital. Hasta ahora el Estado fueguino “no puso un peso”, afirmó, y queda pendiente conocer cómo se va a reintegrar la deuda. También cuestionó el destino de dos mil millones de pesos para el alquiler de generadores, que calificó como “una maniobra” para “triangular” una contratación que podría haber hecho la Dirección Provincial de Energía.

El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula puso la mirada sobre las “serias irregularidades” de Terra Ignis, que arroja una pérdida de 237 millones, pese a que todavía no está funcionando dentro de sus competencias. También habló de una “triangulación” con la contratación de generadores que podría haber hecho la Dirección Provincial de Energía, para lo que se destinaron dos mil millones de pesos.
En principio se refirió a la sesión del miércoles en la Legislatura y dijo por Radio Provincia que “fue una sesión bastante corta, porque no había temas relevantes a tratar. Me hubiese gustado ya tener resuelto y enviado a sesión alguna alternativa para la OSEF. Me parece que esto va a llevar tiempo y estamos demasiado atrasados. Perdimos todo el año pasado, ya tuvimos dos sesiones y no tenemos una herramienta para la OSEF”.
“Tenemos varias reuniones previstas para esta semana, va a ir el Tribunal de Cuentas de la provincia a contestar y yo tengo varias preguntas sobre el informe que ha hecho. Esto está demorado básicamente porque el gobierno nacional, que designa al directorio, está buscando justificaciones para tomar las decisiones que no se anima a tomar. Acá lo que hay que hacer es empezar a administrar a la OSEF como corresponde, porque hay una gestión desastrosa, más allá del aumento del costo de las prestaciones. Hay que dejar de poner excusas y administrar como corresponde. Lo que sucede en la OSEF no es ajeno a lo que sucede en otras áreas de gobierno y hay decisiones que hace años están evitando tomar”, expresó.

El déficit de Terra Ignis

Dado que estaba previsto tratarse una resolución vinculada con la sindicatura de Terra Ignis en la sesión, consideró acertado que el legislador Greve pidiera mandarlo a comisión, porque “es un tema que se discutió mucho en Labor Parlamentaria y hay cuestiones de Terra Ignis que no nos parecen correctas. Hay pedidos de informe que fueron contestados hace unos días y la verdad es lamentable la contestación por parte de las autoridades de Terra Ignis, teniendo en cuenta la importancia que tiene la información que solicitamos. Nos hemos hecho del primer balance de la sociedad y me parece alarmante lo que surge de ahí”, afirmó.
“Menos mal que se retiró el síndico porque, viendo el balance, los síndicos no dicen nada respecto de situaciones absolutamente irregulares, y yo no pienso votar un síndico sin saber quién es ni que es lo que se pretendía. Como nos tiene acostumbrados el oficialismo, hasta que no se leyó la resolución no se sabía quién era el síndico que proponían”, cuestionó.
Precisó que “las irregularidades surgen de los mismos estados contables que presentaron, que están certificados y firmados por autoridades, contador, auditor y síndicos. Es una sociedad donde no se integró el 25% del capital, como lo manda la ley, el estatuto de la sociedad y la ley de sociedades comerciales. Cuando uno inscribe una sociedad, al momento de la inscripción está obligado a integrar el 25% del capital e inclusive hay que depositarlo en una cuenta de la Inspección General de Justicia. Si no, no se procede a inscribir. De una manera bastante irregular, la IGJ la inscribió igual y lo peor es que a la fecha del balance, el 31 de diciembre de 2023, no se había integrado el 25% del capital. Es una vergüenza y un incumplimiento de toda la normativa que crea la sociedad y de la normativa que reglamenta el funcionamiento de la sociedad, que es la ley de sociedades comerciales”, advirtió.
“La verdad es que hay tres síndicos profesionales, que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa y no han hecho ni una mínima información. Presentan un primer balance con una pérdida de 237 millones de pesos, para una sociedad que no funciona, que no tiene actividad y que no ha hecho nada conocido hasta esa fecha. Se pierden 237 millones de pesos, sin que el Directorio proponga cómo van a reintegrar ese capital. Es otra barbaridad”, calificó.
Consultado acerca de a qué atribuye la pérdida, indicó que “hay una pérdida de 80 millones en gastos que no sabemos qué son, la mayoría son sueldos, y después hay una pérdida importante que tiene que ver con una cuestión técnica, que es el resultado por inflación. Esa pérdida se tiene que reintegrar. El Estado, que es el accionista principal, tiene que reintegrar ese capital; si no, la sociedad no puede seguir funcionando, habiendo perdido casi el 40% de su capital”.
“No pusieron ni el 25%, no pusieron nada, y queremos saber cómo funciona la empresa. El balance dice que el gobierno no aportó un peso, pero se hicieron gastos y esa plata se debe, sin tener actividad. A mí me preocupa porque durante el 2024 se hizo una maniobra sobre la que nadie me supo contestar en la comisión de presupuesto. Me contestaron que eran razones políticas y el ministro Tita, que es el ministro político, jamás apareció por la Legislatura para hablar del presupuesto. Se enviaron 2.000 millones de pesos a la Sociedad del Estado para la contratación de los generadores para solucionar la problemática de Ushuaia. En principio era por cuatro meses, pero van a seguir estando a disposición hasta que se solucione el tema energético. Eso fue por cuatro meses, pero no sabemos si se va a renovar”, sostuvo.
“Se envió ese dinero, a mi criterio injustificadamente, para hacer algún tipo de triangulación, porque esa contratación la podría haber hecho directamente la Dirección Provincial de Energía, en vez de dilapidar ese dinero y mandarlo a un lugar donde nadie sabe qué pasa. La DPE tiene todas las facultades conferidas por la Legislatura, en el marco de la emergencia, para poder hacer las contrataciones de manera rápida. En lugar de que lo hiciera la DPE, alguien tomó la decisión política de que esto se hiciera tercerizado, a través de Terra Ignis, y yo quiero explicaciones, porque estamos en una provincia donde no hay plata para la OSEF, no hay plata para poner en condiciones las escuelas y no hay plata para tener los salarios como debe ser. Ante estas situaciones, se destina dinero a una bolsa y nadie sabe adónde va, y merece las explicaciones”, reclamó.
Puntualizó que “los 237 millones son gastos en sueldos, también habla de gastos a reintegrar, porque supongo que alguien puso la plata en la Sociedad del Estado. Yo lo que veo son estados contables y balances de las operaciones de la sociedad y es para hacerse preguntas. La mayor parte de esta pérdida está originada en una cuestión técnica que se hace en los estados contables, que es el ajuste por inflación. La Sociedad del Estado el único activo que tenía era un crédito, que es la plata que no puso el gobierno provincial, y esto, al estar en pesos, con un proceso inflacionario pierde valor. Está reflejado en los estados contables la pérdida de ese valor, más allá de los gastos que han tenido”.
Explicó que “cuando pasa eso, hay una norma legal que dice que hay que reintegrar para mantener el capital financiero, que tiene que tener el mismo valor adquisitivo. Si debían plata desde hace un año y no pagaron, aunque nominalmente siga siendo lo mismo, en términos reales no es lo mismo”.
“Yo tampoco pude ver todas las actas y hay que ver qué va a pasar con los 2.000 millones de pesos que giraron para el alquiler de los equipos. Si eso lo gasta la sociedad Terra Ignis, no tiene ingresos, y el próximo balance va a ser un quebranto más grande. Es inentendible lo que hacen”, subrayó.
Hasta ahora no se sabe cuánto cobran los directivos. “De la contestación que hizo la empresa por mi pedido de informes, de los cinco directores hay dos que no cobran y otros que cobran honorarios, pero no pusieron cuáles son los honorarios. Solamente pusieron que era un importe menor a un subsecretario de Estado. Después dijeron que cobraban los síndicos y que había dos asesores contratados, uno legal y otro contable. Eso es todo lo que dicen y voy a pedir que se amplíe la información, tal como fue solicitada. Yo pedí que mandaran cuánto cobró cada uno, pero evaden contestar eso y se hacen los distraídos”, aseveró.

Militares norteamericanos

Por otra parte, se le preguntó si el arribo de militares norteamericanos amerita alguna expresión de la Legislatura. “Hablamos del tema con algunos bloques y pensábamos hacer una declaración sobre eso, pero nos pareció oportuno esperar a ver si se manifestaban al respecto. Nadie sabe de qué se trata y valía la pena esperar a ver qué declaraciones van a hacer y por qué vinieron”, dijo.

Viviendas de ATE sin pagar

También se le consultó sobre la situación de las 120 viviendas de ATE, cuyos adjudicatarios no pagan hace más de tres años las cuotas, y tampoco los impuestos municipales. “Yo leí sobre el tema, pero no conozco los pormenores. Creo que está pasando lo que pasa en todas las áreas del Estado. Hay un nivel de desidia y de incompetencia que hace que todo se venga abajo. Me parece gravísimo que el IPV no pueda cumplir con su trabajo, que en este caso sería paliar la crisis habitacional de la provincia. La gente necesita que el IPV trabaje como corresponde”, enfatizó.
“El IPV tendrá que ponerse a trabajar para generar los recuperos y seguir construyendo o financiando viviendas. Me parece lamentable, sobre todo cuando es tan necesario contar con fondos. El Estado nacional no hace ningún aporte más y siempre falta dinero, así que es lamentable que pasen estas cosas”, concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: p23

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