Tras una ronda de reuniones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, Provincia y municipios comenzaron a definir convenios para coordinar competencias, registros y fiscalización. El objetivo es intervenir de manera más efectiva sobre una problemática que atraviesa desde las calles hasta las zonas rurales.
El proyecto de acuerdo deberá precisar qué tareas quedarán a cargo de cada jurisdicción y cuáles requerirán acciones compartidas. Uno de los puntos centrales es la franja que separa a las ciudades de los espacios rurales y silvestres, donde muchas veces las herramientas municipales y provinciales no alcanzan por separado.
El biólogo e investigador del CADIC-CONICET Adrián Schiavini valoró el inicio de esa coordinación y sostuvo que la dificultad exige combinar recursos y capacidades. “El asunto es cómo ayudarse mutuamente para poder intervenir activamente, cómo ayudarse con poder de policía y cómo unificar el sistema de registros de lesiones y mordeduras”, explicó.
Ese registro común permitiría medir si las políticas aplicadas consiguen reducir los ataques y el acoso en la vía pública. “Si las intervenciones sobre los perros en las ciudades están teniendo éxito, entre otras cosas debería haber cada vez menos gente atacada o acosada en las calles”, señaló.
Las reuniones con los tres municipios ya fueron realizadas y ahora cada jurisdicción deberá revisar el proyecto, definir responsabilidades y acordar las tareas conjuntas. Schiavini remarcó que algunas acciones corresponden exclusivamente a los gobiernos locales, otras a la Provincia y un tercer grupo sólo puede resolverse mediante coordinación.
El investigador consideró que el problema no está en la ausencia de normas. Las tres ciudades cuentan con ordenanzas que regulan la tenencia responsable, el uso de correa y otras obligaciones de los propietarios. “Eso está muy claro. Lo que por ahí falta es la implementación y el control”, sostuvo.
Para Schiavini, las campañas de concientización deben acompañarse con consecuencias concretas cuando las obligaciones no se cumplen. Entre las herramientas mencionó las multas y la posibilidad de impedir determinados trámites a quienes mantengan deudas por infracciones. “Son herramientas punitivas que para mí tienen éxito”, afirmó.
La dimensión del problema también está dada por la cantidad de animales. Schiavini estimó que la población canina de Tierra del Fuego supera los 30 mil perros y advirtió que las políticas de vacunación, identificación y esterilización no resuelven por sí solas la circulación sin supervisión. “La normativa existe. Lamentablemente cuesta aplicarla porque el principal problema es el comportamiento humano”, indicó.
El biólogo graficó que un animal puede ser esterilizado y, sin embargo, continuar expuesto a peleas, atropellamientos, ataques a personas o fauna y consumo de residuos si su responsable vuelve a dejarlo salir. “Lo llevo a casa, le abro la puerta y sigue saliendo. Ahora tiene una cicatriz en la panza, pero sigue mordiendo, sigue atacando a otros animales y sigue comiendo basura”, describió.
También puso el foco en el costo que esa conducta traslada al Estado. Como ejemplo citó la residencia canina municipal de Tolhuin, con capacidad para 29 animales y un gasto aproximado de 200 mil pesos diarios para alojamiento, atención sanitaria y procesos de adopción. “Ese dinero es el costo mínimo de la desidia de la gente. Es un costo colectivo”, expresó.
Fuera de los centros urbanos, la presencia de perros asilvestrados agrega consecuencias productivas, sanitarias y ambientales. Por eso Schiavini insistió en que el problema debe abordarse como un continuo entre la ciudad y el campo, y no como situaciones aisladas. “Solo no podemos, vamos a juntarnos. Eso es lo que se va a probar con la implementación de estos convenios”, resumió. La próxima etapa será convertir la voluntad expresada en las reuniones en acuerdos operativos capaces de mejorar el control y reducir la circulación de perros sin supervisión.
