El oficialismo PJ–FORJA resolvió iniciar este martes el debate del Presupuesto Provincial 2026 directamente en la Comisión Nº 2 pese a que el proyecto no tiene estado parlamentario, un paso esencial del proceso legislativo. Con un gasto previsto de $2,28 billones y recursos estimados en $2,23 billones, la decisión roza lo inconstitucional, porque habilitar el tratamiento sin estado parlamentario permite que cualquier proyecto avance sin el control formal que exige la Constitución y el reglamento interno.
La decisión de iniciar el análisis en comisión sin el paso previo de sesión dejó en evidencia un giro irregular en el procedimiento legislativo. El Presupuesto 2026 —presentado con un resultado económico acomodado de $39.752 millones, pero condicionado por un déficit financiero de $49.192 millones— será debatido pese a no haber adquirido estado parlamentario, lo que instaló un cuestionamiento de fondo sobre los límites formales que debería respetar el Parlamento.
Para que un proyecto pueda ser tratado, la Legislatura debe sesionar y otorgar estado parlamentario. Sin ese trámite, el texto no tiene existencia formal dentro del proceso legislativo. Aun así, la Comisión Nº 2 —controlada por el oficialismo PJ–FORJA— convocó a ministros, organismos de control y entes descentralizados sin que el expediente haya sido incorporado en una sesión previa.
La medida abrió un debate constitucional sobre la validez del procedimiento, dado que el texto aún no ingresó formalmente al trámite legislativo. El punto central radica en si es jurídicamente válido analizar un documento que todavía no adquirió existencia parlamentaria. Legisladores opositores advierten que se trata de un salto institucional difícil de justificar, que habilita un precedente riesgoso: aceptar el tratamiento sin estado parlamentario permite que cualquier proyecto avance sin el control formal que exige la Constitución y el reglamento interno.
Mientras tanto, la agenda de trabajo sigue su curso. Durante noviembre, la Comisión 2 recibirá a Jefatura de Gabinete, Economía, AREF, Salud, Producción, Educación, OSEF, Obras Públicas, Energía, INFUETUR, Puertos, la CPS, el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial, entre otros organismos. Todos deberán defender partidas, justificar gastos y exponer metas sobre un documento que, técnicamente, aún no forma parte del proceso legislativo.
FUENTE: shelknamsur
