Martes 08 de Septiembre de 2026, 23:21 hs.
Septiembre 2026
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El Vocal Titular del Sector de Pasivos de la Obra Social del Estado Fueguino, Antonio Horacio Gallegos, presentó el proyecto de resolución denominado “Procedimiento urgente para la determinación y cobro de las acreencias de OSEF” y solicitó su incorporación al orden del día de la próxima sesión del Directorio.
La iniciativa propone ordenar en plazos concretos la identificación, conciliación, certificación, intimación y cobro de las deudas que distintos organismos mantienen con la Obra Social. Según el estado de aportes y contribuciones al 28 de agosto de 2026, las acreencias registradas provisoriamente alcanzan los $8.740.641.261,29, mientras que el estado RUPE informado al 31 de julio registra facturación pendiente por más de $11.369 millones.
El proyecto plantea utilizar las herramientas administrativas, legales, financieras y judiciales disponibles para evitar que los reclamos se prolonguen indefinidamente. Pero el argumento central de la presentación excede la discusión contable: Gallegos advierte que la demora en recuperar fondos legalmente correspondientes a OSEF “no constituye una cuestión meramente financiera”, porque puede afectar directamente la capacidad de la Obra Social para garantizar prestaciones, medicamentos y tratamientos a sus afiliados.
El Vocal Titular del Sector de Pasivos de la Obra Social del Estado Fueguino, Antonio Horacio Gallegos, presentó un proyecto de resolución denominado “Procedimiento urgente para la determinación y cobro de las acreencias de OSEF”, mediante el cual solicita que el Directorio avance con carácter prioritario en la identificación, certificación y recuperación de los recursos adeudados al organismo.
La presentación, fechada el 9 de septiembre de 2026, fue elevada a la Secretaría de Presidencia y a la Presidencia de OSEF, con el pedido de ingreso formal y de incorporación al orden del día de la próxima sesión del Directorio.
La propuesta parte de una premisa central: OSEF necesita recuperar de manera efectiva y oportuna los recursos que legalmente le corresponden para proteger su patrimonio, sostener su liquidez y garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.
El proyecto propone un procedimiento con plazos concretos para evitar que las deudas permanezcan indefinidamente dentro de circuitos administrativos sin una resolución efectiva. El mecanismo contempla determinar y conciliar cada acreencia, certificar las deudas, intimar a los responsables del pago y avanzar hacia la vía judicial cuando las instancias administrativas resulten infructuosas.
La propuesta fue presentada por Antonio Horacio Gallegos, Vocal Titular del Sector de Pasivos de OSEF, quien fundamentó la necesidad de darle tratamiento prioritario debido al volumen de recursos pendientes y a su impacto sobre la capacidad prestacional de la Obra Social.
El proyecto no se limita a reclamar el pago de una deuda determinada. Propone crear un procedimiento integral para que OSEF pueda saber con precisión cuánto se le adeuda, quiénes son los deudores, cuál es la causa de cada crédito, qué pagos fueron efectuados, qué intereses corresponden y qué acciones administrativas o judiciales se encuentran en trámite.
El proyecto plantea declarar de interés institucional y trámite urgente la determinación, conciliación, certificación y cobro de la totalidad de las acreencias exigibles de OSEF.
También propone instruir a la Dirección Contable y a las áreas correspondientes para que presenten, dentro de 10 días hábiles, un informe integral y actualizado.
Ese informe deberá contener, entre otros elementos, la identificación del deudor, concepto y causa jurídica, período adeudado, fecha de vencimiento, capital, pagos e imputaciones, recargos, intereses, documentación respaldatoria, certificados de deuda, convenios vigentes, intimaciones, actuaciones judiciales, riesgos de prescripción y saldo exigible actualizado.
La propuesta establece además que los créditos por aportes y contribuciones y los créditos RUPE sean expuestos y tratados separadamente, debido a sus diferentes causas jurídicas y contables.
Uno de los datos centrales de la iniciativa aparece en el Estado de Acreencias por Aportes y Contribuciones al 28 de agosto de 2026.
El documento registra provisoriamente acreencias por $8.740.641.261,29, sujetas a conciliación.
El principal deudor identificado es el Gobierno de la Provincia, con $7.682.156.646,66. Le siguen la Municipalidad de Tolhuin, con $410.147.810,55; la Dirección Provincial de Vialidad, con $406.822.263,24; y el Concejo Deliberante de Tolhuin, con $146.601.437,64.
También aparecen acreencias correspondientes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial, tanto en el sector pasivos como en el sector activos.
En el caso del Gobierno provincial, el estado provisional diferencia una deuda corriente de julio de 2026 por $4.331.079.661,68 y una deuda histórica de $3.851.076.984,98. El documento señala que sobre la sumatoria se imputó provisoriamente un pago de $500 millones, pendiente de verificación mediante información de la Tesorería General de la Provincia.
El proyecto dedica un tratamiento específico a las acreencias vinculadas al régimen RUPE.
Según el Estado de Situación RUPE al 31 de julio de 2026, existe una facturación emitida pendiente de cancelación de $11.369.930.467,38, mientras que el saldo contable neto provisional asciende a $10.707.092.057.
De ese último monto, $8.891.260.556,42 corresponden a ejercicios anteriores a 2026 y $1.815.831.500,58 al ejercicio 2026.
El proyecto aclara que estos créditos tienen una causa jurídica y contable diferente de los aportes y contribuciones. Por esa razón, no propone mezclarlos ni aplicarles automáticamente el mismo procedimiento ejecutivo.
La intención es que sean conciliados, certificados y reclamados por separado, de acuerdo con su naturaleza y con la documentación que respalda cada obligación.
El procedimiento propuesto establece una secuencia precisa.
Primero, la Dirección Contable deberá producir el informe integral. Luego, la Presidencia, con intervención del Servicio Jurídico, deberá intimar o reiterar el reclamo de pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del informe.
Los deudores dispondrían de un máximo de cinco días hábiles administrativos para acreditar la cancelación o presentar una propuesta de regularización que resulte admisible.
Si el pago no se produce, o si las gestiones administrativas ya fueron cumplidas o agotadas, el proyecto establece que la Presidencia, a través del Servicio Jurídico, deberá promover las acciones judiciales correspondientes dentro de los 10 días hábiles siguientes.
En el caso de aportes, contribuciones, recargos y actualizaciones, la propuesta establece la utilización de la vía ejecutiva prevista por la legislación provincial.
Para el resto de las acreencias, se utilizará la vía procesal correspondiente según la naturaleza del crédito y la documentación disponible.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la aplicación de la Ley provincial 1627/2026, que establece al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego como agente de retención obligatorio respecto de determinados aportes y contribuciones provinciales adeudados a OSEF.
Una vez conciliado y certificado el saldo exigible correspondiente al Gobierno provincial, la propuesta plantea que la Presidencia notifique formalmente al Banco y requiera el cumplimiento de su obligación legal.
El proyecto prevé que OSEF informe, después del día 20 de cada mes, los montos exigibles y las deudas consolidadas. La comunicación debería requerir la retención automática y prioritaria sobre fondos provinciales de libre disponibilidad y su transferencia directa a OSEF dentro de las 24 horas.
Una vez cancelado el capital, los intereses deberían ser liquidados y notificados para su transferencia dentro de las 48 horas hábiles.
El eje político y social de la iniciativa aparece en uno de los párrafos centrales de la presentación.
Gallegos sostiene que la magnitud de los recursos pendientes de percepción y su impacto sobre la capacidad de OSEF para garantizar prestaciones, medicamentos y tratamientos justifican que el proyecto sea tratado con prioridad.
Y formula una advertencia especialmente sensible para los afiliados:
“La demora en recuperar fondos legalmente correspondientes a la Obra Social no constituye una cuestión meramente financiera, puesto que compromete la salud y, en situaciones críticas, la vida de los afiliados.”
La frase coloca el debate en un terreno diferente al de una discusión exclusivamente contable. La pregunta deja de ser solamente cuánto dinero falta cobrar y pasa a ser qué capacidad tiene OSEF para responder cuando un afiliado necesita una prestación, un medicamento o un tratamiento que no puede esperar.
En ese sentido, el proyecto vincula directamente el recupero de las acreencias con la capacidad concreta de la Obra Social para sostener su función asistencial.
La iniciativa también establece un mecanismo de seguimiento mensual.
La Presidencia, la Dirección Contable y el Servicio Jurídico deberían informar periódicamente al Directorio sobre la evolución de las acreencias, los pagos recibidos, las retenciones practicadas por el Banco, las intimaciones realizadas, los planes de regularización, los certificados emitidos, las acciones judiciales iniciadas, el estado de cada proceso y los montos efectivamente recuperados.
De aprobarse el proyecto, el objetivo sería transformar el recupero de deuda en un procedimiento institucional sujeto a información, plazos, responsables y controles.
La propuesta involucra al Directorio de OSEF, la Presidencia, la Dirección Contable, las áreas prestacionales competentes, el Servicio Jurídico, la Dirección de Recursos, el Departamento de Fiscalización y Tesorería, entre otras dependencias.
También contempla la intervención del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en su carácter de agente de retención establecido por la Ley 1627/2026.
En caso de que los deudores no regularicen las obligaciones dentro de los plazos previstos, intervendría además el Poder Judicial mediante las acciones de cobro correspondientes.
La discusión de fondo: recuperar recursos para garantizar prestaciones
El proyecto presentado por Gallegos plantea, en definitiva, que el recupero de las acreencias debe ser considerado una cuestión prioritaria para OSEF.
La propuesta busca impedir que los reclamos se repitan indefinidamente sin resultados y establece una cadena de actuación: determinar, conciliar, certificar, intimar, cobrar y, cuando corresponda, judicializar.
Pero la discusión no termina en los balances.
Detrás de cada acreencia existe una consecuencia potencial sobre los recursos disponibles para una institución cuya finalidad es brindar cobertura a sus afiliados.
Por eso, la presentación intenta instalar una idea central: la deuda con OSEF no es solamente una cifra contable.
Cuando una Obra Social no dispone oportunamente de recursos que legalmente le corresponden, puede verse afectada su capacidad para afrontar medicamentos, tratamientos, prestaciones y otras obligaciones asistenciales.
De allí que la advertencia de Gallegos busque poner en el centro del debate a quienes finalmente dependen del funcionamiento de la institución: los afiliados.
El proyecto deberá ahora ser considerado en el ámbito correspondiente del Directorio de OSEF. Su aprobación implicaría poner en marcha un procedimiento con plazos determinados y mecanismos de seguimiento para acelerar la recuperación de las acreencias.
La cuestión que queda planteada es concreta: cuánto dinero puede recuperar OSEF, con qué velocidad y cuánto de esa recuperación puede traducirse en mayor capacidad para garantizar prestaciones a sus afiliados.
Porque, como sostiene la presentación, cuando los recursos que corresponden a la Obra Social permanecen sin recuperar, el problema puede dejar de ser solamente financiero y convertirse en una cuestión directamente vinculada con la salud.
