Seis meses después de intervenir el Puerto de Ushuaia por problemas estructurales y de seguridad, la administración nacional adjudicó un relevamiento de sus instalaciones. La contratación quedó en manos de Nadir Soluciones Integrales SAS, única oferente. La misma empresa obtuvo posteriormente otra licitación de la ANPYN por $2.550 millones.
l Gobierno nacional adjudicó por $80 millones más IVA un estudio para conocer el estado de la infraestructura del Puerto de Ushuaia, pese a que seis meses antes había dispuesto su intervención por graves deficiencias estructurales y problemas de seguridad.
La contratación plantea interrogantes sobre el diagnóstico utilizado por el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, para desplazar a las autoridades provinciales. En enero, el organismo sostuvo que las instalaciones presentaban fallas que comprometían su funcionamiento. Sin embargo, posteriormente la Administración General de Puertos (AGP), SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL EN LIQUIDACIÓN, que conduce Juan Bernasconi consideró necesario contratar un relevamiento para contar con información actualizada sobre sus condiciones.
La Licitación Privada 03/2026 fue adjudicada el 13 de julio a Nadir Soluciones Integrales SAS, única empresa que presentó una oferta. Su propuesta, de $80 millones más IVA, quedó apenas $162.690 por debajo del presupuesto oficial de $80.162.690, una diferencia del 0,20%.
El contrato incluye un relevamiento de infraestructura portuaria y tareas de regularización dominial. Establece un plazo de ejecución de 120 días hábiles desde la emisión de la orden de compra, pero la fecha de ese documento no figura en la información oficial publicada. Por lo tanto, no es posible determinar cuándo comenzaron los trabajos ni cuándo deberían finalizar.
Sin embargo, el portal especializado GlobalPorts sostiene que Nadir ya ejecutó el estudio de Ushuaia, al mencionarlo como antecedente de una contratación posterior, pero no hay constancias oficiales de su entrega ni se conocen públicamente sus conclusiones.
Las fallas que justificaron la intervención
El 20 de enero de 2026, mediante la Resolución 4/2026, la ANPYN dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por doce meses.
La medida se apoyó en inspecciones realizadas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, durante las cuales se detectaron, según el organismo, importantes problemas de infraestructura.
Entre las deficiencias denunciadas figuraban la ausencia de pilotes en el Sitio 3, deterioro de tablestacas, daños en las defensas de atraque, problemas en superficies operativas, sistemas contra incendios obsoletos y dificultades para separar la circulación de pasajeros y cargas.
La ANPYN consideró que esas condiciones comprometían la seguridad y el funcionamiento de una terminal estratégica para el turismo de cruceros, el comercio y las operaciones antárticas.
La contratación de estudios posteriores no significa necesariamente que las fallas denunciadas fueran inexistentes. Sin embargo, plantea una pregunta: si la Nación ya conocía el estado crítico del puerto, qué información necesitaba obtener mediante el nuevo relevamiento.
Una empresa sin antecedentes portuarios públicamente identificados
Nadir Soluciones Integrales SAS fue constituida en junio de 2018, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina del 11 de ese mes.
La sociedad fue fundada por Mariano Andrés De Lauretis, con un capital inicial de $19.000. Según una publicación societaria de mayo de 2024, De Lauretis y Lucas Nahuel Baio figuran como administradores titulares, mientras que Ingrid Raichensztein fue designada administradora suplente.
La firma registra actividades de arquitectura, ingeniería y asesoramiento técnico, además de servicios vinculados con topografía, sistemas de información geográfica y tecnologías de medición.
Sin embargo, en la búsqueda de antecedentes públicos no se encontraron adjudicaciones anteriores a 2026 que acrediten trabajos similares en infraestructura portuaria.
Durante la evaluación de la licitación de Ushuaia también se identificaron indicadores de baja liquidez, solvencia reducida y elevado endeudamiento. Pese a esas observaciones, la empresa fue considerada apta para contratar.
Otra licitación por $2.550 millones
El 9 de octubre, mediante la Resolución 60/2026, la ANPYN adjudicó a Nadir Soluciones Integrales SAS una segunda contratación, esta vez para realizar relevamientos georreferenciados de infraestructura portuaria en todo el país.
El monto ascendió a $2.550 millones. La empresa volvió a ser la única oferente.
El servicio tiene un plazo de doce meses, con posibilidad de renovación, y se instrumenta mediante un sistema de orden de compra abierta.
La similitud de los servicios plantea la necesidad de determinar si el contrato nacional también comprende instalaciones del puerto fueguino.
Dos organismos nacionales para contratar servicios similares
Las dos licitaciones también presentan una diferencia administrativa que plantea nuevos interrogantes. El relevamiento específico del Puerto de Ushuaia fue contratado por la Administración General de Puertos (AGP), mientras que el estudio de alcance nacional fue licitado directamente por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
La distinción resulta relevante porque el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, dictado un año antes, dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP, cuya intervención quedó vigente exclusivamente para ese proceso. La misma norma creó la ANPYN como única autoridad portuaria nacional y continuadora jurídica de las competencias y funciones de la empresa estatal.
Además, cuando se convocó la licitación de Ushuaia, el puerto ya se encontraba bajo intervención de la ANPYN, organismo que posteriormente contrató a la misma empresa para realizar tareas similares en instalaciones portuarias de todo el país.
En ese contexto, corresponde preguntarse por qué el estudio específico de Ushuaia fue tramitado por una sociedad estatal en liquidación y no directamente por la agencia que había asumido la administración del puerto.
También resulta necesario establecer qué organismo solicitó el trabajo, con qué recursos se financió, quién debía controlar su ejecución y a qué dependencia correspondía recibir y aprobar sus resultados.
La diferencia entre ambos procedimientos no demuestra una irregularidad, pero requiere una explicación sobre las competencias ejercidas por cada organismo y los motivos por los que se utilizaron dos estructuras administrativas distintas para contratar servicios de características semejantes.
Las reparaciones y los resultados pendientes
Desde que asumió la administración del puerto, la ANPYN anunció la adjudicación del recambio de 75 defensas de atraque, con una inversión superior a los 2,5 millones de dólares, y avances en una contratación para modernizar el sistema de videovigilancia.
No obstante, los anuncios no permiten establecer qué obras fueron efectivamente terminadas ni qué ocurrió con otras deficiencias denunciadas, como los pilotes faltantes, las tablestacas deterioradas y los sistemas contra incendios.
A casi nueve meses de la intervención, todavía falta información pública para evaluar sus resultados.
La Nación justificó el desplazamiento de las autoridades provinciales por graves problemas de infraestructura y luego contrató un estudio para conocer sus condiciones. Si ese trabajo ya fue realizado, como sostiene GlobalPorts, sus conclusiones permitirían comprobar el alcance de las fallas denunciadas y las reparaciones necesarias.
La publicación de ese informe, junto con las certificaciones de las obras ejecutadas, permitiría determinar qué problemas fueron solucionados y en qué condiciones se encuentra actualmente el Puerto de Ushuaia.
FUENTE: edfm
