Lechman llevó a la Corte Suprema la discusión sobre la reforma constitucional

La presentación busca revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego (STJ), que había rechazado la demanda impulsada por Lechman en la que se pedía declarar la caducidad de la Ley 1529 —que habilitó la reforma constitucional— por el vencimiento del plazo de 210 días previsto en su artículo 4°, o en subsidio, su inconstitucionalidad.

Los argumentos de la demanda

El STJ entendió en su momento que el vencimiento del plazo no implicaba la extinción automática del proceso reformador, ya que la Constitución provincial no prevé sanción expresa de caducidad y que la continuidad del procedimiento debía primar. En esa línea, resolvió “reencauzar” el trámite, otorgando un nuevo plazo de 210 días para que el Poder Ejecutivo provincial emitiera la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

Ante ello, Lechman planteó que la decisión judicial resulta contraria a la Constitución Nacional y vulnera el esquema normativo provincial. Su recurso sostiene:

Que existe una cuestión federal compleja, ya que la validez de la Ley 1529, el Decreto 1656/24 y la sentencia del STJ entran en conflicto con los artículos 1, 5, 31 y 123 de la Constitución Nacional.
Que se afecta la forma republicana y representativa de gobierno, al permitir que un tribunal fije un nuevo plazo no previsto por la norma.
Que la determinación de fecha y plazo para la convocatoria a constituyentes es una atribución indelegable del Poder Legislativo, no del Poder Judicial.
Que la sentencia incurre en arbitrariedad, al basarse en fundamentos dogmáticos y prescindir de aplicar normas legales de manera razonada.
Que el caso reviste gravedad institucional, dado que la falta de definición impacta en el proceso electoral y en la validez del procedimiento constituyente derivado.

Lo que pide a la Corte Suprema

En su escrito, Lechman solicita que el máximo tribunal del país:

Haga lugar al recurso extraordinario federal, revocando la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
Deje sin efecto el procedimiento reformador iniciado en virtud de la Ley 1529.
Dicte una sentencia de fondo o, en su defecto, ordene al tribunal provincial emitir un nuevo pronunciamiento conforme a las pautas constitucionales.
Una disputa de alcance institucional

Con esta presentación, el legislador de Somos Fueguinos busca frenar el avance del proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego, que ya había sido objeto de fuertes debates políticos y judiciales. El planteo pone nuevamente en discusión los límites del poder constituyente derivado y el rol del Poder Judicial en la habilitación o no de ese procedimiento.

La Corte Suprema deberá ahora evaluar si concede el recurso y, eventualmente, expedirse sobre el fondo de la cuestión, en un caso que podría marcar un precedente respecto de los alcances de los procesos de reforma en las provincias.

FUENTE: cronistaurbano