El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, anunció un régimen especial de regularización de deudas que estará vigente hasta el 31 de diciembre, con financiación de hasta 60 cuotas y la posibilidad de cancelar obligaciones en seis pagos sin interés.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, anunció un régimen especial de regularización de deudas que estará vigente hasta el 31 de diciembre, con financiación de hasta 60 cuotas y la posibilidad de cancelar obligaciones en seis pagos sin interés. Reconoció que la morosidad pasó de niveles del 6 o 7% a porcentajes de entre el 8 y el 10%, reflejando las dificultades económicas que atraviesan los contribuyentes. Además, advirtió que la caída de la actividad industrial, comercial y petrolera redujo la participación de la recaudación propia en los ingresos provinciales, que actualmente ronda el 35%, frente al 40% alcanzado en otros períodos. Defendió la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuestionó las críticas por supuestos “impuestazos” y sostuvo que Tierra del Fuego necesita sostener sus recursos para afrontar las crecientes demandas de salud y educación, aunque reconoció que el margen para aumentar la presión tributaria es limitado.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, confirmó la implementación de un régimen especial de facilidades de pago destinado a contribuyentes con obligaciones vencidas al 30 de septiembre, que permitirá regularizar deudas en hasta 60 cuotas, con condiciones de financiación más favorables que las habituales.
En diálogo con FM La Isla, el funcionario explicó que la medida comenzó a regir el 15 de octubre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, como respuesta al incremento de la morosidad y a las dificultades que enfrentan distintos sectores económicos para cumplir con sus obligaciones tributarias.
“Nosotros tenemos planes de pago permanentes, con lo cual en cualquier momento del año siempre el contribuyente puede hacer un plan de pago. En esta ocasión pensamos en un plan especial en el cual pudiéramos dar más plazo”, explicó.
Bahamonde señaló que los planes tradicionales permiten financiar deudas en hasta 36 cuotas, pero que numerosos contribuyentes manifestaron dificultades para afrontar esos compromisos, especialmente cuando acumulan obligaciones importantes.
“A veces, sobre todo con deudas abultadas, te dicen: ‘Mirá, por más que quiero regularizar, la cuota me queda en tanto, no lo puedo pagar’”, relató.
Frente a esa situación, la Agencia resolvió extender la financiación al máximo permitido por el Código Fiscal provincial.
“Lo que hicimos fue aumentarlo al máximo que nos permite el Código Fiscal, que son cinco años. Entonces, nos vamos a 60 cuotas como máximo”, precisó.
Hasta seis cuotas sin interés y tasas reducidas para financiar las deudas
El titular de la AREF detalló que el régimen contempla condiciones diferenciadas de financiación según la cantidad de cuotas elegidas.
Las obligaciones podrán cancelarse en hasta seis cuotas sin interés, mientras que los planes de siete a doce cuotas tendrán una tasa del 1%; de trece a veinticuatro, del 1,5%; y de veinticinco a sesenta cuotas, del 2%, según los porcentajes informados por el funcionario.
“Comparando con tasas de mercado, también verás que son muy bajas las tasas de financiación a lo que es actualmente”, destacó.
Explicó que “la iniciativa responde tanto a la necesidad de recuperar recursos como a la intención de facilitar el cumplimiento tributario, considerando la desaceleración inflacionaria y las dificultades financieras de los contribuyentes”.
Asimismo, señaló que “regularizar las obligaciones permite acceder a certificados de cumplimiento fiscal, mantener la condición de proveedor del Estado, actualizar documentación bancaria o resolver deudas que eventualmente hayan llegado a instancias judiciales”.
Sobre este último punto, aclaró que la AREF recurre a ejecuciones judiciales
principalmente cuando existen deudas importantes por su monto o antigüedad, y que se trata de una instancia final.
La morosidad pasó del 6 o 7% a niveles de entre el 8 y el 10%
Bahamonde reconoció que el incremento de los incumplimientos tributarios fue uno de los principales factores que motivaron la implementación del nuevo régimen.
Explicó que, pese a la existencia de sistemas de retenciones y percepciones que permiten anticipar parte del pago de impuestos, comenzaron a “registrarse mayores dificultades para cancelar los saldos pendientes”.
“Ese porcentaje de seis, siete por ciento de contribuyentes quizá en mora va aumentando hasta llegar a ocho, diez”, señaló.
A ello se sumaron los planteos de personas y empresas que manifestaron su voluntad de regularizar las obligaciones, pero necesitaban plazos más extensos para reducir el valor de las cuotas.
“Quiero regularizar, pero el monto de la cuota no me da, necesito más plazo”, ejemplificó.
También mencionó casos de contribuyentes que habían alcanzado el límite de planes de pago disponibles, situación que obligó a buscar nuevas alternativas.
“Dijimos: ‘Busquemos una alternativa dentro de las facultades que tenemos’, que es el máximo de cuotas posible y buscar las tasas de interés más bajas que podamos aplicar”, explicó.
En cuanto al universo tributario, estimó que “la AREF administra alrededor de 40 mil contribuyentes distribuidos entre Convenio Multilateral, régimen local y monotributo unificado”.
Precisó que “tanto el régimen simplificado articulado con ARCA como el régimen local comprenden más de 8 mil contribuyentes cada uno, mientras que Convenio Multilateral constituye uno de los segmentos más numerosos”.
La crisis industrial, comercial y petrolera golpea la recaudación provincial
Bahamonde también analizó el deterioro de los ingresos fiscales y reconoció que la menor actividad económica está afectando directamente los recursos provinciales.
Explicó que actualmente la recaudación propia representa aproximadamente el 35% de los ingresos de Tierra del Fuego, cuando en otros períodos llegó a aportar cerca del 40%.
“Estamos en una proporción hoy más cerca del 35 por ciento, de un tercio de los ingresos que obtenés. En otro momento hemos estado en mejor situación y quizás representábamos 40”, indicó.
El funcionario vinculó esa reducción con la caída de la actividad industrial, que repercute sobre el comercio y disminuye los ingresos por Ingresos Brutos.
“Todos sabemos lo que ha pasado con la actividad industrial, que te trae una merma en la actividad económica, también la comercial”, manifestó.
A esa situación agregó las dificultades del sector petrolero, que impactan tanto sobre las regalías como sobre la recaudación tributaria provincial.
“Tenés problemas con la actividad petrolera, entonces eso también te va a implicar luego, no solamente en las regalías, sino que luego en Ingresos Brutos”, explicó.
Asimismo, advirtió que “la recaudación nacional también presenta dificultades para crecer en términos reales, afectando los recursos coparticipables que reciben las provincias”.
En paralelo, sostuvo que aumentan las necesidades de financiamiento de servicios esenciales, particularmente en salud y educación.
En el ámbito sanitario, mencionó el incremento de personas que recurren al sistema público como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo y cobertura médica, mientras que en educación señaló el impacto de obligaciones que anteriormente contaban con financiamiento nacional.
“Se requiere de mayor recaudación. Hay veces se puede y hay veces que no, porque también hay que ser realistas”, reconoció.
Defendió la actualización del inmobiliario rural y cuestionó las críticas por el “impuestazo”
Otro de los ejes de la entrevista fue la discusión sobre las modificaciones tributarias impulsadas en Tierra del Fuego.
Bahamonde defendió la actualización del impuesto inmobiliario rural y cuestionó que se presentara como un incremento desproporcionado sin considerar los años transcurridos desde la última revisión de las valuaciones.
“Cuando la base es cero, cualquier incremento, obviamente, en términos porcentuales parece gigantesco”, sostuvo.
Como ejemplo, indicó que durante 2025 la recaudación total por inmobiliario rural alcanzó aproximadamente cinco millones de pesos, mientras que una estancia de 30 mil hectáreas abonaba alrededor de 200 mil pesos anuales.
Recordó que “las valuaciones fiscales llevaban 14 años sin actualizarse y explicó que, con las nuevas referencias, el tributo representa aproximadamente 250 mil pesos anuales por cada mil hectáreas”.
“Ahora quiere decir que cada mil hectáreas van a pagar 250 mil pesos anuales de impuestos, lo que paga una casa tipo de urbano a los municipios”, comparó.
Consultado sobre si consideraba elevado ese monto, respondió: “Yo creo que es poco todavía”.
También aclaró que las valuaciones fiscales utilizadas para calcular el impuesto no equivalen al valor comercial de las tierras.
En ese contexto, cuestionó las posiciones políticas que rechazan las actualizaciones tributarias desde la oposición, pero posteriormente mantienen esos mecanismos cuando asumen responsabilidades de gobierno.
“Cuando estás en la oposición, tirás piedras y bardeás. Cuando te toca estar a vos, lo seguís aplicando. Cada uno lo hace a su conveniencia”, afirmó.
Recordó, además, las actualizaciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la administración municipal en 2013 y sostuvo que, en un contexto inflacionario, resulta necesario revisar periódicamente los valores fiscales.
Los consensos fiscales limitan los aumentos y la AREF cuestiona beneficios tributarios históricos
Respecto de las propuestas de modificación de alícuotas, Bahamonde explicó que “los consensos fiscales suscriptos desde 2017 establecieron límites que restringen las posibilidades de las provincias para incrementar Ingresos Brutos”.
“El margen de maniobra de las provincias para incrementar alícuotas prácticamente es nulo”, aseguró.
Señaló que “la estructura tributaria contempla alrededor de mil actividades económicas y que las modificaciones propuestas buscan corregir diferencias entre sectores que desarrollan actividades similares”.
En ese sentido, cuestionó que “determinados contribuyentes hayan mantenido durante más de veinte años bases imponibles especiales equivalentes al 5% de sus ingresos y alícuotas reducidas, generando cargas tributarias considerablemente inferiores a las de otros rubros”.
Según explicó, mientras algunos sectores tributaban efectivamente el uno o dos por mil, actividades comerciales y de servicios afrontaban alícuotas del tres, cuatro o cuatro y medio por ciento.
Bahamonde sostuvo que “estas situaciones también deben considerarse cuando se discuten eventuales modificaciones impositivas y rechazó las acusaciones de aumentos generalizados”.
“Yo le diría a cualquier comerciante, prestador de servicio, industrial, que me muestre cuál es la ley que le incrementó las alícuotas en Ingresos Brutos”, planteó.
Financiamiento educativo y presión tributaria: “Los ingresos del Estado son los impuestos”
En relación con los proyectos legislativos destinados a fortalecer el financiamiento educativo, Bahamonde cuestionó que se los calificara como un “tarifazo”.
Explicó que algunas iniciativas contemplaban incorporar al sistema tributario a determinados contribuyentes actualmente exentos y destinar una parte de eventuales incrementos futuros de recaudación a un fondo educativo.
Aclaró que se trata de una herramienta de financiamiento progresivo y no de una solución inmediata a las dificultades presupuestarias.
El funcionario también reconoció la tensión que existe entre la necesidad del Estado de recaudar y las dificultades económicas de los contribuyentes y manifestó que “yo me paro al lado del contribuyente y siempre vas a querer, porque es lógico, pagar lo menos posible. Cuando estás al lado del Ejecutivo, vas a buscar que te ayude a cubrir esos ingresos, los gastos que tenés y que sabés que siempre son crecientes”, explicó.
Remarcó que los tributos permiten financiar no solamente al Poder Ejecutivo, sino también el funcionamiento de los demás poderes del Estado y los servicios públicos.
“Es la forma de contribuir de la sociedad al sostenimiento de los servicios públicos”, sostuvo.
Trámite online, débito automático y plazo hasta el 31 de diciembre
Finalmente, Bahamonde confirmó que “el nuevo régimen de regularización podrá gestionarse íntegramente por internet, sin necesidad de concurrir personalmente a las oficinas de la AREF”.
Los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la Agencia de Recaudación Fueguina y acceder a la ventanilla electrónica de trámites, donde podrán solicitar información sobre sus deudas y las alternativas de financiación disponibles.
“Con el solo hecho de ingresar a la página y a la ventanilla de trámites que tenemos disponible en el sitio oficial, van a tener acceso al régimen”, explicó.
Aclaró que los planes deberán abonarse mediante débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o a través de una tarjeta habilitada.
El régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y comprenderá exclusivamente obligaciones vencidas al 30 de septiembre.
De esta manera, la AREF busca facilitar el cumplimiento tributario y recuperar recursos en un escenario de creciente morosidad, menor actividad económica y mayores necesidades de financiamiento provincial.
La decisión refleja una doble necesidad: ofrecer alivio a contribuyentes que encuentran dificultades para afrontar sus deudas y, al mismo tiempo, sostener una recaudación que se encuentra condicionada por la crisis industrial, comercial y petrolera que atraviesa Tierra del Fuego.
AREF implementará un régimen especial de facilidades de pago
La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) pondrá en vigencia un Régimen Especial de Facilidades de Pago destinado a promover la regularización voluntaria de obligaciones fiscales mediante condiciones excepcionales de financiación, complementarias al régimen general de facilidades de pago vigente.
El régimen estará vigente desde el 15 de octubre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, período durante el cual los contribuyentes podrán adherir y acceder a las condiciones especiales previstas para la regularización de sus obligaciones tributarias.
La medida tiene por finalidad brindar una herramienta adicional para normalizar la situación fiscal de contribuyentes y responsables, favoreciendo el cumplimiento tributario y contribuyendo al fortalecimiento de los recursos provinciales.
Entre los principales beneficios del régimen se destacan:
La posibilidad de financiar deudas tributarias en hasta sesenta (60) cuotas.
La implementación de planes de pago de hasta seis (6) cuotas sin interés de financiación.
La aplicación de condiciones de financiación especialmente favorables para los planes de mayor plazo.
La posibilidad de regularizar obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago que se encuentren caducos a la fecha de entrada en vigencia del régimen especial, otorgando una nueva oportunidad para la normalización de deudas pendientes.
La incorporación de obligaciones que se encuentren en instancia administrativa o judicial, conforme las condiciones previstas en la normativa aplicable.
La gestión íntegramente digital mediante la Ventanilla de Trámites disponible en el sitio web oficial de AREF, facilitando el acceso al régimen desde cualquier punto de la provincia.
El régimen tendrá carácter excepcional y transitorio, constituyéndose en una herramienta orientada a facilitar la regularización de obligaciones tributarias devengadas y exigibles, promoviendo el cumplimiento voluntario y la reducción de la mora fiscal.
FUENTE: p23
