El fiscal Daniel Curtale acusa a Córdoba y a Arana por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en Barrancas del Río Pipo.
El juicio por 22 hechos de presunta defraudación en la entrega de viviendas de ATE en Barrancas del Pipo, inició este lunes en Ushuaia. El secretario General, Carlos Córdoba, dijo ante los jueces ser "inocente" aunque luego se negó a declarar y el ex secretario de Interior, Miguel Ángel Arana, dijo que él advirtió que entregar o vender los departamentos a personas que estaban fuera del listado del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) era algo irregular. Igualmente admitió haber recibido dinero pero intentó despegarse asegurando que la plata él se la daba a Córdoba.
Por su parte Erik Moscozo Panoso, acusado de lavado de activos, dijo que él en la época era contratista municipal y que efectivamente compró dos máquinas retroexcavadoras a Arana, aunque dijo que él estaba ahí "sin comerla ni beberla" ya que no tenía ningún tipo de vinculación con el tema de las viviendas y que tampoco conocía previamente a Arana.
Durante el juicio se exhibió un video de cámara oculta en la que Arana admitió que lo había hecho hacer él para demostrar la participación de Córdoba en la maniobra y que era el que supuestamente digitaba a quién se le otorgaba las viviendas. Pero el video no dejó muy clara la situación ya que los jueces del Tribunal señalaron que no se entendía mucho debido a que todos hablaban juntos. La defensora de Córdoba cuestionó que en la fecha del video se observaba el año 2008 cuando los hechos investigados datan de muchos años después.
El Tribunal de Juicio tras escuchar las versiones de Arana y Moscozo Panoso, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes. Si bien en la causa constan unos 90 testigos, por acuerdo entre las partes se incorporarán por la lectura la mayoría y presencialmente declararán entre 25 y 30 testigos.
El hecho investigado
El fiscal Daniel Curtale acusa a Córdoba y a Arana por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en Barrancas del Río Pipo.
Según la acusación, habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, entre ellas empleados estatales y afiliados al gremio, recibiendo a cambio dinero, vehículos, cheques y otros bienes.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían concretado mediante el aprovechamiento de funciones gremiales, gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que presuntamente no correspondían al universo legítimo de beneficiarios.
En tanto, Moscozo Panoso será juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos. La acusación sostiene que habría intervenido en operaciones relacionadas con maquinaria vial, cheques y contratos que buscaban dar apariencia lícita al origen de fondos y bienes provenientes de los hechos investigados.
FUENTE: reporteaustral
