El secretario Legal de Tierra del Fuego, Emiliano Fossato, brindó detalles sobre la acción judicial de inconstitucionalidad que inició el Gobierno de la Provincia contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con el objetivo de anular la intervención del Puerto de Ushuaia. También anunció la presentación de una cautelar “urgente” que busca evitar “un daño irreparable”.
El letrado precisó que “la defensa se lleva por un lado en el ámbito administrativo, por el expediente que tiene generado ANPyN y lleva adelante la Dirección Provincial de Puertos. Nosotros interpretamos, en la actuación previa, que estaban los plazos vigentes para hacer los descargos administrativos. La Provincia hizo la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre el mismo acto que determinó la suspensión de la habilitación del puerto, la intervención administrativa en materia de infraestructura y seguridad portuaria”.
“Como provincia entendemos que es inconstitucional y solicitamos el definitivo cese de lo que este acto implica: que las autoridades provinciales no ejerzan el efectivo rol. Debido al convenio de transferencia entre Nación y Provincia, la administración del puerto recae sobre las autoridades”, comentó.
“También solicitamos una medida cautelar de la suspensión de los efectos del acto, en carácter de urgente. Con el correr de los días y la ejecución se genera un detrimento total a la autonomía provincial y la percepción de los recursos”.
Asimismo, mencionó que requirieron “que se nos garantice el ejercicio del dominio, la administración, la explotación económica y la percepción de los recursos que deriva de la actividad portuaria. Esto tiene que ver con el objeto concreto de la intervención. Sabemos que tiene como origen parte de la denuncia de un secretario del sindicato, sobre una desviación de fondos por parte del puerto. Ante ello, como provincia, entendemos que este acto administrativo es inconstitucional y tiene una medida desproporcional”.
Fossatto expuso que “toda actividad que se genere en el muelle provincial genera recursos que son parte de la provincia. Una de las primeras medidas llevadas adelante por la intervención fue la notificación de una cuenta, a la cual se debería hacer la transferencia y los depósitos por los servicios portuarios que se brindan. La renta que se genera pertenece al erario de la Provincia de Tierra del Fuego”.
“Consideramos que es una desviación excesiva. Es un acto que tiene un fundamento en un decreto reglamentario de una Ley, que no tiene detalle de cómo debe ser la intervención como una de las medidas dispuestas ante las dos causales que puede interponer la Agencia como sanciones”.
Al mismo tiempo, entendió que “si hay una cuestión de desfinanciamiento en inversión de seguridad portuaria, en su defecto, la Agencia debe controlar cómo se invierten los recursos que se generan por parte de esos servicios. Pero no percibir los recursos, ni dar conocimiento de qué plan de acción o inversión consideran oportunos”.
“Se notificó el acto administrativo, la habilitación de determinadas personas, pero el dominio del Puerto es de la Provincia. No podés hacer uso o ingreso de un espacio que pertenece a la provincia. En ese sentido, se requirió el plan de acción para ver cómo iba a ser esta reorganización administrativa del puerto. El muelle no es una parte que se pueda escindir de la Dirección Provincial de Puertos”, subrayó.
El secretario Legal de la Provincia advirtió que “hay una afectación al régimen federal, porque hay una intervención general. Está esta asunción de la administración financiera de los recursos de la Provincia, lo que implica una afectación al sistema presupuestario. El órgano de control constitucionalmente determinado es el Tribunal de Cuentas, pero no tenemos conocimiento de qué se está recaudando, cómo y cómo se invierte esa recaudación. En particular, comprendemos que hay una violación directa al convenio que Nación y Provincia suscribieron en la que se traslada a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del puerto”.
“Ellos argumentan que la administración es por la defensa del interés público. Nosotros consideramos que la suspensión de los efectos estaría garantizando el interés público. Los bienes del Estado son de dominio de la Provincia. Estamos haciendo las expresiones formales por el uso de los bienes”.
Sobre la situación de los trabajadores, comentó: “Ayer hicimos llegar la tranquilidad de que el Gobierno de la Provincia está garantizando la seguridad jurídica de los puestos laborales de los agentes que no están pudiendo ingresar a prestar servicios. Las autoridades sindicales tienen una legitimación oportuna para hacer expresiones respecto de una situación en la que una entidad nacional no está permitiendo el efectivo desarrollo de las relaciones laborales en lo que conforma a sus escalafones”.
Finalmente, Fossatto manifestó que “sin perjuicio a eso, se trabaja para que todo empleado que no está pudiendo prestar servicio tenga la seguridad jurídica de que se garantizará su puesto laboral. Se determinará otra tarea para realizar”.
FUENTE: sur54
