Desobligaciones docentes“La Justicia en vez de ser una solución, se ha convertido en un obstáculo para los padres”, dijo Giménez

El abogado Francisco Giménez explicó por Radio Provincia que la medida cautelar presentada en representación de un grupo de padres “todavía no tuvo ninguna respuesta” y que el trámite judicial se vio demorado por una decisión procesal del juez a cargo.

“Se ha dado una particular situación en donde el juez a cargo, con su criterio, válido, pero no coincidimos con lo ordenado. Nos dijo que debíamos integrar la demanda al SUTEF y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Esto demoró más de dos meses hasta que se impuso el criterio del juez”, detalló.

Según indicó, el planteo original de los padres apuntaba al Ejecutivo provincial como responsable de garantizar la educación pública. “Nosotros señalábamos que el responsable de garantizar la educación era el Ejecutivo Provincial, de ninguna manera se los acusa a los sindicatos porque tienen todo el derecho del mundo de hacer los reclamos que tengan que hacer. No es una pelea contra los docentes”, remarcó.

Giménez explicó que, pese a no coincidir con la decisión judicial, se notificó a los gremios involucrados. “Decidimos ponerle fin a la situación y notificar al SUTEF y ATE, dejando expresa constancia que no estábamos de acuerdo y que nuestra intención no era demandar a los sindicatos, ellos pueden pelear por sus derechos, pero los padres van a apelar al derecho de sus hijos”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que esperan una pronta resolución: “Estimamos que esta semana tendría que haber alguna novedad con algún tipo de resolución de la cautelar presentada, que se debería resolver en 48 horas, y llevamos alrededor de dos meses con idas y venidas procesales”.

El letrado cuestionó además la falta de sensibilidad institucional: “La Justicia en vez de ser una solución, es un obstáculo más que deben surfear los padres reclamando por el derecho a la educación, derecho que a nadie les preocupa, y me animo a decir que no les preocupa ni a los jueces, ni a los políticos, ni a la clase dirigente, ni a los gobernantes porque ellos sí tienen garantizado el derecho para sus hijos, y no precisamente en escuela pública”

Consecuencias educativas y la normalización del conflicto

Giménez advirtió sobre las consecuencias que el conflicto docente y las medidas de fuerza tienen en los estudiantes, especialmente aquellos que atravesaron su escolaridad en pandemia. “Tenemos chicos de 5to, 6to o 7mo grado que no saben leer o escribir”, alertó.

Recordó que durante la pandemia “estuvieron cerradas las escuelas” y que “los chicos que ahora están en 5to grado cuando empezó la pandemia no tuvieron escolaridad. Además, que 2021 casi tampoco tuvieron, y 2022 y 2023 tampoco por los paros”.

El abogado señaló que la sociedad fue incorporando esta irregularidad como parte de su rutina. “Antes, cuando había una huelga de 48 horas, era una locura y había muchos padres movilizados. Temo que las familias hayan normalizado esta anormalidad porque las dinámicas ahora las organizan a que sus hijos no tengan clases”, explicó.
A su vez, planteó que “hay padres jóvenes que no conocen tener 180 días de clases con jornada completa, creen que el sistema educativo es así o tiene que ser así y se resignaron”. En esa línea, cuestionó la falta de mayor involucramiento social: “Me llama la atención que solo sean un grupo de padres de una escuela los que estén reclamando por el derecho de sus hijos. Hay una resignación y un pesimismo a que sus hijos sean lo que son, no se imaginan otro futuro o realidad”.

Educación pública y privada: una contradicción estructural

Otro de los puntos señalados por Giménez fue la diferencia entre el compromiso docente en la educación pública y privada. “Lo paradójico es que los mismos docentes que realizan paros en la educación pública, van corriendo al otro turno a dar clases a la educación privada y no faltan, con los mismos salarios y condiciones laborales, muchas veces peores”, señaló.
“Pasan de hacer huelga al Estado, al chico pobre de un aula de 20 chicos, para ir a darle clases a 40 chicos por el mismo salario. Entonces eso también tendríamos que ponerlo en discusión por la ironía trágica de que a la mañana hago paro en la educación pública, pero a la tarde voy a darle clases a los hijos de los dirigentes que ellos dicen combatir”, agregó.

Giménez sostuvo que esta contradicción debe ser parte del debate público: “Cuando un político nos habla de educación pública la primera interpelación que tenemos que hacer es ¿a qué escuela mandan a sus hijos? Porque los padres con mucho esfuerzo logran mandar a sus hijos a las escuelas privadas y lo único que hacen es garantizar las clases porque la calidad es la misma porque los docentes son los mismos”.

Defensa de los policías ex territoriales y críticas al sistema judicial

Por otro lado, el abogado se refirió a la situación de los policías ex territoriales que no cobran sus haberes. “Los policías de la Caja de Compensadora, no le vienen depositando los haberes. La última noticia que tengo es que no cobran desde junio o cobran esporádicamente y la Caja se escuda en que no hay liquidez”, denunció.

En la misma línea, explicó que “sacaron una resolución en donde el directorio dice que primero deben cobran ellos y todos los trabajadores de la Caja, si queda algo cobran los jubilados provinciales, y si llega a quedar algo después de todo eso, cobran los jubilados ex territoriales”.

Asimismo, criticó la respuesta judicial frente al reclamo: “Un juez de Río Grande les rechazó el amparo porque no hay urgencia ni gravedad en la situación. Pero cuando los jueces en su momento hicieron un amparo colectivo ahí sí había urgencia, cuando ellos ganan 5 o 6 veces más que un jubilado de la policía”.
Según Giménez, “estas situaciones, como con los docentes, los padres y los jubilados, irritan de sobremanera y luego se asombran cuando salen en las encuestas que el poder judicial es uno de los más desprestigiados, incluso más que la Legislatura”.

El abogado confirmó que “se presentó un amparo, el Superior Tribunal se declaró incompetente y lo giró a un Juzgado Laboral”, aunque el reclamo fue rechazado en primera instancia. “Veremos qué resuelve la Cámara de Apelaciones, estamos en una situación de jubilados de edad, sin salud ni obra social”, expresó.
Finalmente, Giménez concluyó con una advertencia sobre el contexto provincial: “No sé si estamos dimensionando lo que está sucediendo en Tierra del Fuego, todo lo estamos normalizando, a nadie le llama la atención”.

FUENTE: p23