A 7 años de que fuera firmado el contrato para la construcción del denominado Corredor del Beagle, el Ejecutivo Fueguino resolvió rescindir el contrato firmado con la empresa Felipe Gancedo.
La obra vial que se prometía iba a fortalecer el desarrollo productivo de Almanza y su zona de influencia y ampliar la oferta turística de la provincia llegó a su fin, ya que el viernes 18 de julio el Poder Ejecutivo resolvió “rescindir el contrato de obra pública suscripto el 16 de mayo de 2018 con la empresa Juan Felipe Gancedo” para la realización de la obra vial Corredor Costero Canal Beagle, y diferir la aprobación de la liquidación final “hasta tanto se dé cumplimiento a los requerimientos y observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, y se apruebe el informe de impacto ambiental que determine la existencia o no de pasivos ambientales”, según dispone el decreto 1834/25.
Ese mismo día, mediante decreto 1835/25, también se revocó con efecto retroactivo al 23 de octubre de 2023 el contrato correspondiente al tramo II de la obra en cuestión, sin compensación alguna a favor de la contratista.
Antecedentes de la ruta que no fue
La obra inicialmente contratada por la Provincia durante la gestión Bertone contemplaba la construcción, en 24 meses, de una ruta de 132 kilómetros sobre la costa del Canal Beagle que unirá Ushuaia con Cabo San Pío, y que demandaría una inversión inicial estimada en 1.720 millones de pesos. Los trabajos se habían dividido en tres tramos; el primero comprendía desde Playa Larga hasta Almanza. El segundo, desde Almanza hasta Moat, y el tercero desde Moat a Cabo San Pío.
A pesar de los fuertes cuestionamientos planteados por organizaciones ambientalistas y científicos sobre el riesgo ambiental y arqueológico que representaba la traza vial elegida, el Poder Ejecutivo autorizó en enero de 2019 el inicio de la construcción de la apertura de traza, mejoramiento y construcción de las obras básicas, calzada enripiada y obras de arte del tramo I, sección II (Baliza Escarpados - Intersección ruta J) y tramo II (Intersección ruta complementaria J hasta estancia Moat), ya que esos sectores del proyecto vial habían recibido el visto bueno de la Secretaría de Ambiente Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en lo referente a la guía de aviso de proyecto y el estudio de impacto ambiental.
Cambio de gobierno mediante, la gestión Melella resolvió paralizar los trabajos para redefinir la traza de la obra vial. Esa situación se mantuvo, casi sin cambios, hasta octubre de 2023 cuando la Provincia resolvió “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, sin culpa de la contratista” rescindir los contratos de los tramos II y III de la obra Corredor Costero Canal Beagle, dejando pendiente de definición el pago a favor de la empresa de una potencial “compensación razonable derivada de las contingencias que causaron la demora en el cumplimiento de las obligaciones” a cargo de la Provincia.
A lo largo de estos 7 años hubo distintas intimaciones por parte del Tribunal de Cuentas para que el Ejecutivo informara sobre el futuro de la obra.
El tema llegó incluso a la Justicia, ya que en mayo pasado el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un amparo por mora promovido por la empresa Gancedo contra la Provincia, por la falta de resolución respecto a actos administrativos respecto a la obra "Corredor Costero Canal Beagle", en los tramos I, II y III. Los jueces libraron una orden de pronto despacho a la administración requiriendo el dictado del acto administrativo respecto a la continuidad o no de los contratos de los tramos II y III de la obra en cuestión; el dictado del acto administrativo con respecto a la continuidad o no del contrato del tramo I de la obra en cuestión; el dictado del acto administrativo por el cual se determina las eventuales acreencias en concepto de certificados de redeterminaciones pendientes de los tramos II y III; el dictado del acto administrativo por el cual se analiza la eventual procedencia y propuesta de una compensación razonable a la contratista, derivada de las contingencias que le generaron las demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la comitente, y el dictado del acto administrativo que analiza la regularización de los gastos improductivos y la determinación de las eventuales acreencias de la contratista por éstos y por el lucro cesante de los tramos II y III.
Tal surge del considerando de los decretos 1834/25 y 1835/25, en junio pasado el Tribunal de Cuentas emitió un informe técnico “en el cual consideró conveniente e imprescindible proceder a la rescisión del contrato de obra pública y disponer la realización del acta de recepción definitiva, supeditando la liquidación final al cumplimiento de las observaciones y requerimientos formulados y difiriendo la devolución de las garantías contractuales a la aprobación de dichas liquidaciones”. En función de esa recomendación, el Poder Ejecutivo difirió la aprobación de la liquidación final “hasta tanto se dé cumplimiento a los requerimientos y observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, y se apruebe el informe de impacto ambiental que determine la existencia o no de pasivos ambientales”.
Recién llegada esa instancia se podrá conocer públicamente cual fue el costo final que tuvo para el erario provincial la inconclusa obra vial, más allá de los 1.000 millones de pesos que la provincia reconoció a favor de la empresa en octubre de 2023 en concepto de gastos improductivos por la paralización de trabajos en los tres tramos de la obra.
FUENTE: edfm
