Consejo de la Magistratura: Leonelli impulsa la destitución de la jueza Barrionuevo

El magistrado reveló que decidió hacer público su caso para visibilizar un patrón de abusos y promover una Justicia más razonable y proporcional en sus decisiones. “No quiero que ningún ciudadano vuelva a sufrir el infierno que nos hicieron pasar injustamente a mi familia y a mí”, afirmó.

Juez de Cámara, Andrés Leonelli: «No me cabe duda que la jueza Cristina Barrionuevo hizo una instrucción deficiente, torpe y abusiva, y eso no le tiene que pasar a nadie más».

El juez de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli, dialogó con Diario Prensa Libre tras haber sido sobreseído en una causa iniciada por un alerta internacional vinculado a material de abuso sexual infantil. En la entrevista, el magistrado repasó los hechos, reflexionó sobre el accionar judicial y adelantó que promoverá reformas internas para mejorar el manejo de contenidos sensibles en el ámbito de la Justicia.

Juez Leonelli ¿por qué le surgió la necesidad de comunicar lo ocurrido en su caso, ya finalizada la investigación que culminó con su sobreseimiento definitivo?

Sentí la necesidad de contar a la comunidad lo que me tocó vivir porque todavía escucho a algunas personas decir que yo cometí, en el desempeño de mis funciones, una desprolijidad cuanto menos. Entonces me parece importante explicar cómo realmente fueron las cosas y cómo se acreditó mi total inocencia en el expediente. No porque yo lo diga, sino porque hay pericias que lo avalan y la misma jueza instructora llega a esa conclusión.

Esto arranca cuando, en abril de este año, comencé a hacer un backup de mis documentos históricos de trabajo de veinte años de trayectoria. Hablo de más de quince mil documentos. Entre ese material se subieron a mi Google Drive, sin que yo lo supiera porque estaban encriptadas, estas famosas cincuenta y una fotos. Yo desconocía que estaban en mi computadora; por lo tanto, difícilmente se me puede tildar de desprolijo, porque esas fotos no las subí conscientemente.

¿Por qué estaban en su computadora las fotos de niños en situación de abuso sexual?

Porque en el año 2016, siendo juez de Instrucción en Río Grande, me tocó investigar un hecho que se inició por un reporte similar al que me tocó protagonizar a mí ahora. Un sujeto había subido esas imágenes a Twitter y se lo imputó por tenencia de material fotográfico de abuso sexual infantil. Esas fotos formaron parte del expediente y se almacenaron, de acuerdo a la práctica de esa época, en un disco compacto. Cuando con la secretaria ingresamos el código de desencriptación para acceder a esos archivos, por defecto el ZIP se descargó automáticamente en el disco rígido, y así fue que esos documentos quedaron entre mis muchísimos documentos de trabajo, insisto, sin saberlo.

Lo triste es que en aquella causa yo ordené allanamientos y otras medidas en octubre de 2016, pero al alejarme de Río Grande para continuar mi carrera judicial en Ushuaia, en febrero de 2017, la causa continuó mucho tiempo sin proveer por el juez que me sucedió en el cargo y terminó prescribiendo. Yo hasta el último día hice lo que tenía que hacer, pero después estuvo inmóvil cinco años en un cajón. Lo absurdo es que, por la misma causa en la que a mí me acusaron injustamente, el autor del hecho quedó impune.

Pero el cuestionamiento surge cuando esas fotos son detectadas en su nube por Missing Children en Estados Unidos. ¿Usted reclamó ante Google?

Claro que sí, y en varias oportunidades. Y quiero aclarar que no me parece mal en absoluto que se realicen estos monitoreos desde Estados Unidos, y también entiendo que no estén obligados a saber que el usuario es un juez. Lo que les cuestiono es que yo les había mandado una carta documento, había apelado de modo online e inclusive hubo una audiencia de conciliación en Defensa al Consumidor por haberme cerrado la cuenta el 15 de abril de este año. En ese momento Google respondió: “Hemos detectado material que podría implicar abuso sexual infantil”. A partir de ahí me cansé de escribirles: “Señores, yo soy juez y ningún material que haya subido es de procedencia ilícita; es de origen lícito. Díganme a qué material se refieren”, ya que no hay nada malo en subir sentencias a una nube. En la primera audiencia con gente de Google Argentina me dijeron que me iban a concertar un encuentro con Google Estados Unidos. Me la dieron para el día 26 de junio, pero el 25 me allanaron mi oficina y mi casa, irrumpió el proceso penal y se cortó el reclamo administrativo. Ahora voy a retomar el proceso en Defensa al Consumidor para recuperar mi cuenta y preguntarles por qué motivo, cuando mandaron el reporte a la jueza como si yo fuera un delincuente, no le informaron que estaban en tratativas conmigo, que yo les había mandado una carta documento y que había hecho varios descargos online.

¿Esas fotografías estuvieron en un ZIP encriptadas y usted nunca volvió a verlas luego de 2016, cuando sí tuvo que hacerlo porque era juez de Instrucción en Río Grande?

Jamás me guardé material de ese tipo, ni una sola foto de una causa de pornografía infantil.

Es cierto que las fotos estaban ahí, pero yo no lo sabía. Las fotos están en la causa, no en mi disco. Quienes piensen lo contrario lo hacen con malicia. Fue una fatalidad del destino, y se comprobó que las fotos se descargaron por defecto en mi computadora. De hecho, estuvieron diez años ahí, y con una pericia informática se constató que el archivo nunca lo abrí, nunca lo toqué ni lo cambié de lugar.

¿Las fotografías eran de niños de Río Grande? Porque se habló de que las víctimas pudieran reconocerse y sentirse revictimizadas en caso de filtrarse. ¿Es así?

No, en absoluto. Las imágenes no son de niños riograndenses. Se trata de fotos de hace treinta años, de origen internacional, que se trafican en el mercado negro. Es material que los pedófilos se procuran en lo más oscuro de Internet. No tiene que ver con producción casera de fotos tampoco. Capaz que los niños de las fotos de ese momento hoy tienen cuarenta años. Y como ya dije, estaban en poder de una persona de Río Grande, en 2016, que las subió a Twitter. No es que las producía: el sujeto las tenía, se las procuró, y por eso se inició la causa en la que actué, como ya dije, y que luego debió continuar otro colega.

Consejo de la Magistratura. Sus integrantes ya están analizando la denuncia impulsada contra la más antigua magistrada de Ushuaia y titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2, María Cristina Barrionuevo.

Usted dijo en algún momento ante la prensa que le llamaba la atención que la jueza Cristina Barrionuevo, instructora de su causa, se comunicara antes de allanar su casa y oficina con el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler. ¿Sospecha de algún tipo de interna o conspiración en su contra?

No creo que exista un complot en mi contra entre los jueces Barrionuevo y Löffler. No estoy pensando en eso, pero no deja de llamar la atención que la jueza haya hecho un llamado informal, fuera de lo que establece el Código Procesal, a alguien que no tenía que tener conocimiento del tema, no importa si era Löffler o Juan Pérez. No pensé en un complot, pero sí en la orquestación de una operación mediática. Y si encima no se dejó constancia alguna en la causa, ni se explicó a qué norma o por qué motivo se hizo ese llamado, y ocurre que paralelamente se filtra en tiempo real el allanamiento a los medios de prensa, por lo menos hubo una irregularidad que se tiene que investigar. Yo no estoy en condiciones de decir qué pasó ahí, pero sí que estuvo mal.

¿Cómo hubiera sido el procedimiento correcto?

Lo que hubiera correspondido es que la jueza Barrionuevo diera aviso al presidente de la sala y al Colegio de Abogados, porque yo soy abogado y trabajo en una institución judicial; y que diera aviso de que se iba a hacer un allanamiento en la Cámara. Esto está establecido por la ley: si se va a allanar el domicilio de una persona matriculada en el Colegio de Abogados, hay que llevar un veedor del Colegio de Abogados; y si se va a allanar la Cámara de Apelaciones, que es una dependencia judicial, correspondía llamar al presidente de la sala y avisarle que iba a hacerse un procedimiento invasivo, a fin de no afectar la prestación del servicio de justicia. Ninguna de las dos cosas se hizo.

Esta irregularidad no solo la mencioné en algún medio, sino que la denuncié ante el Consejo de la Magistratura, porque es una irregularidad entre muchísimas otras. No es la única.

¿A qué otras irregularidades se refiere, cometidas supuestamente por la jueza instructora?

En una instrucción diligente, había que preguntarse —más tratándose de alguien que, como yo, trabaja con material delicado— si por ser el investigado un juez de Instrucción que hoy trabaja como juez de Cámara, posiblemente las fotos tuvieran relación con alguna causa y que respondieran a un origen legal. Es lo primero que el sentido común indicaba que había que hacer, pero Barrionuevo no lo hizo. Estoy convencido de que legal y constitucionalmente hubiera correspondido que antes de realizar un allanamiento y que entren a mi casa, violenten mi intimidad, la de mi mujer o la de mis hijos menores, se hiciera lo que la ley obligaba: investigar si esas fotos respondían a un origen lícito.

¿Existen otros hechos similares en la provincia, en que personas que trabajan con este tipo de material hayan sido cuestionados penalmente, como en su caso?

Sí, existen. La misma jueza por ejemplo sí aplicó el sentido común en un caso de policías de la División Delitos Complejos, que fue peor porque se pasaban fotografías entre ellos. La jueza le preguntó al jefe de la Policía si las imágenes respondían a alguna investigación y, ante la respuesta afirmativa, dio por cerrada la causa. La misma magistrada, ante un hecho similar, aplicó un criterio absolutamente opuesto al que aplicó en mi caso. Es más, recientemente a un perito informático le pasó exactamente lo mismo que a mí. Cuando el ingeniero Ledesma, una persona con muchísima trayectoria y a quien respeto mucho, peritó las imágenes a pedido de Barrionuevo, y conectó el disco, su notebook se sincronizó con su nube personal. Es obvio que no lo hizo a propósito. Cuando la jueza lo supo, no lo mandó a allanar ni a sufrir lo indecible como hizo conmigo y mi familia. Resolvió: “Esto no es delito, es administrativo” y lógicamente ni siquiera abrió una causa. Un juez no puede hacer ante un mismo caso cosas distintas. Esa es una de las principales causas de destitución de un magistrado.

María Cristina Barrionuevo, jueza de Instrucción, se encuentra denunciada ante el Consejo de la Magistratura, en donde se resolverá su continuidad en el Poder Judicial de la Provincia.

¿Existe alguna animosidad entre usted y su colega Barrionuevo?

No, al menos de mi parte. Creo que no se trata de una postura de la jueza hacia mí sino que responde a un patrón de actitudes basadas en un desconocimiento palmario del Derecho. Fuera de lo que los míos y yo sufrimos no se puede dejar de mencionar que a Barrionuevo viene incurriendo en situaciones controvertidas, como por ejemplo la detección por parte del Superior Tribunal de Justicia de una falta grave en perjuicio de una menor. Sometió a una situación de abuso a una niña víctima, en una causa de abuso sexual. Los peritos y psicólogos le habían advertido que no debía entrevistar a la menor porque eso significaba revictimizarla, exponerla a una situación compleja para su salud mental y obligarla a revivir hechos traumáticos. Sin embargo, decidió hacerlo igual. Eso es un acto abusivo, como otros en los que ha incurrido. Es más, en su particular manera de proceder en mi causa se llegó a especular con que las fotos cuestionadas yo las había subido con el teléfono en el que mira YouTube Kids mi hijo de cuatro años. De hecho, se encontraron todas fotos de dibujitos animados en ese teléfono. Hasta absurdos así llegó. Esta jueza inclusive dispuso medidas periciales sin control de la parte y sin testigos, y hasta vimos con mi abogado cómo se habían violado las bolsas termoselladas con los teléfonos. Todo abusivo. Es más, durante el allanamiento de mi casa ocurrieron situaciones que chocan con los principios más elementales del código de ética sobre la actuación judicial. Barrionuevo se me rio en la cara en mi propia casa. El día del allanamiento, cuando la vi llegar con un brazo en cabestrillo le ofrecí una bebida caliente. Me dijo entonces con sorna: “Qué tierno, me ofrece un café”. Se paró después delante de la ventana, agregó: “Qué linda vista tenés acá” y se fue. Cuatro minutos para eso, después de una hora y media de allanamiento. No me cabe duda que la jueza Barrionuevo hizo una instrucción deficiente, torpe y abusiva, y eso no le tiene que pasar a nadie más.

¿Usted cree que el proceso se dilató innecesariamente?

¡Por supuesto!. Recordemos que el principal elemento de la investigación era el CPU que Google había reportado, y que se correspondía con una computadora del Poder Judicial, al que la jueza Barrionuevo se negó a peritar. Lo lógico era, como primera medida, abrir ese CPU. Y fue lo primero que se le pidió. Yo le estaba pidiendo que me investigara para aclarar el hecho y ella no lo hacía. Tardó cuatro meses en acceder, y cuando lo hizo, cerró la causa porque se dio cuenta de que nunca hubo delito alguno.

¿Entonces usted está impulsando un juicio político contra la jueza María Cristina Barrionuevo?

En función de su mal proceder la denuncié ante el Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes dirán si ella actuó mal o bien. Creo, insisto en que acá hay un patrón, por eso pido su destitución. Los jueces debemos proceder con un criterio de razonabilidad, porque nuestro accionar condiciona la libertad, la familia y la vida misma del ciudadano. Pretendo que la violencia a la que fui sometido no la tenga que pasar ningún otro ciudadano, que no se lo allane cuando no haya necesidad, y que no se lo prive de libertad o de derechos básicos sin causa.

Existen principios constitucionales que se llaman de necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, las medidas de un juez deben ser idóneas para los fines que persiguen, razonables y proporcionales. La Justicia es como el bisturí de un médico: bien usado, cura; pero si lo usas mal, mata.

FUENTE: diarioprensa