El Ejecutivo autorizó por decreto que YPF ceda el 100% de sus concesiones en Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego a Terra Ignis Energía La norma incluye también la prórroga por diez años de las áreas a favor de la empresa con capital provincial que compromete inversiones por 197,6 millones de dólares. Para que todo entre en vigencia, la Legislatura debe aprobar el proyecto de ley enviado por el gobernador Gustavo Melella.
El proceso político administrativo que busca con consolidar la transferencia más importante de los yacimientos petroleros de la Provincia quedó formalizada por el Poder Ejecutivo y ahora espera el aval de la Legislatura. El pasado viernes 14, mediante el decreto 2705/25, el gobernador Gustavo Melella autorizó que YPF ceda la totalidad de sus derechos y obligaciones en las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego (fracciones A, B, C, D y E) a la empresa Terra Ignis Energía S.A. El mismo acto ratifica un acuerdo de prórroga de las concesiones por diez años, pero su plena vigencia depende de que la Legislatura lo apruebe por ley con el voto favorable de los dos tercios (10 votos) del total de sus miembros, tal lo establece el artículo 84 de la Constitución Provincial.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en un dato decisivo: YPF resolvió desprenderse de todos sus activos en yacimientos convencionales del país. Para la Provincia eso significaba enfrentar la posibilidad de un apagón productivo en áreas clave, que incluyen la planta San Sebastián, fundamental para el procesamiento de gas natural y líquidos que abastecen a la provincia. El Gobierno afirma que la continuidad operativa era prioritaria y que Terra Ignis asumió el compromiso de mantener y revitalizar los campos.
El proceso avanzó rápido. El 10 de noviembre de 2025, YPF y Terra Ignis firmaron un convenio de cesión. Al día siguiente, ambas solicitaron ante la Secretaría de Hidrocarburos provincial la autorización prevista por la Ley 17.319, junto con el pedido de prórroga de las concesiones. El 13 de noviembre se suscribió el Acuerdo de Prórroga, luego ratificado por el decreto provincial que ahora se envió a la Legislatura para su aprobación legislativa.
El decreto establece que, una vez formalizada la cesión, la provincia renunciará a reclamos contra YPF vinculados a su rol como concesionaria, excepto por activos y abandonos excluidos en el convenio, lo que marca un cierre definitivo de la etapa de la petrolera estatal en esos yacimientos. Terra Ignis, por su parte, recibirá las áreas con nuevos plazos: 6 de noviembre de 2037 para las áreas Lago Fuego y Tierra del Fuego, y 18 de abril de 2036 para Los Chorrillos.
A cambio de la prórroga, la empresa asumió compromisos de inversión por 197,6 millones de dólares entre 2026 y 2037: 16,8 millones destinados al desarrollo, 3,9 millones a exploración y 176,9 millones a gastos operativos. El acuerdo le otorga margen para reorganizar esos montos según necesidades operativas, siempre que mantenga un nivel de actividad equivalente al previsto.
El esquema económico del pacto incluye elementos sensibles. Terra Ignis pagará regalías del 12% (único ingreso que percibirá la provincia por producción de hidrocarburos durante este período) y quedará exenta durante los primeros tres años del pago de ingresos brutos, tasas y aranceles ambientales, y montos asociados a certificados de origen por exportaciones. Según el Ejecutivo, estos beneficios son indispensables para “viabilizar” la recuperación de áreas maduras con producción fuertemente declinante.
El acuerdo también fija prioridad para el empleo local y la contratación de proveedores fueguinos, con una excepción: si contratar localmente fuese técnicamente inviable o significativamente más costoso, la empresa podrá recurrir a proveedores de otras jurisdicciones. En materia ambiental, Terra Ignis deberá presentar un plan de remediación de pasivos ya relevados y queda eximida de responsabilidad por daños preexistentes no conocidos.
El control del cumplimiento estará en manos de la Secretaría de Hidrocarburos, que auditará inversiones y producción, y de la Agencia de Recaudación Fueguina, encargada de fiscalizar regalías. Cualquier conflicto se deberá resolver primero mediante negociación y, si fracasa, ante tribunales fueguinos.
Con el decreto ya firmado, el trámite pasa ahora íntegramente a la órbita legislativa. La nota enviada por Melella a la presidenta de la Cámara pide un “despacho favorable” para habilitar legalmente tanto la cesión como la prórroga.
Tanto el pedido de ratificación del decreto de cesión de las áreas como el proyecto de ley que las aprueba, tomarán estado parlamentario en la sesión de este miércoles 19. Los Legisladores deberán resolver si aprueban ambos asuntos sobre tablas o los giran a comisión para su estudio.
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