El legislador Pablo Villegas se refirió al proyecto de resolución de creación de una Comisión Especial Investigadora sobre la obra del Corredor del Beagle, que actualmente lleva adelante el Ejecutivo provincial. El parlamentario advirtió de las “secuelas” que dejara la obra y manifestó: “Estamos ante una situación grave”.
Durante la tercera sesión, en uso de la palabra, señaló que el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), “se encuentra interviniendo acerca de cierto grado de incumplimiento del pliego licitatorio” de la obra.
También resaltó la intervención de la Fiscalía de Estado “frente a un caso de conflicto de intereses como la ha tipificado” entre un funcionario del Gobierno de la Provincia y “un responsable técnico ambiental de la empresa que está llevando adelante la obra”.
De acuerdo al asunto Nº 261/19, que ingresó sobre tablas, la Comisión Especial Investigadora “tendrá amplias facultades de investigación. Podrá recabar toda prueba que estime conveniente para cumplir su función, garantizando las reglas del debido proceso”, según estipula en el segundo artículo. Así, podrá solicitar al Poder Judicial Provincial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Poder Ejecutivo “copias certificadas de expedientes, informes, actos administrativos, dictámenes y/o cualquier otro instrumento legal o pieza documental vinculadas al objeto de la investigación”.
También, tendrá la facultad de “citar e interrogar a funcionarios y empleados” de la Administración Central; convocar a testigos y realizar los interrogatorios correspondientes; nombrar peritos de cualquier arte o profesión que por su especialización sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones; podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene; y deberá dictar su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado en un término no mayor a diez días desde su constitución.
Al finalizar su actuación, la Comisión Investigadora deberá presentar a la Cámara un informe definitivo “con las conclusiones que arribe sobre las responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios intervinientes”. De surgir responsabilidades “de otra índole”, serán notificadas a las autoridades correspondientes.
FUENTE: sur54
