La Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgó 60 días a la Municipalidad de Ushuaia para abandonar un terreno nacional de más de nueve hectáreas donde funciona un depósito de sal. El inmueble fue autorizado para su venta mediante decreto presidencial, aunque el Ejecutivo aún no informó cuál será su destino. La decisión profundiza la avanzada de la Nación sobre espacios estratégicos de la capital fueguina.
Después de asumir el control del puerto, el Gobierno nacional abrió un nuevo frente, ahora con la Municipalidad de la capital fueguina. Esta vez, el escenario del conflicto es uno de los terrenos públicos con mayor valor estratégico de la ciudad: un predio costero de más de 91.000 metros cuadrados ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente al canal Beagle, cuya venta ya fue autorizada por decreto presidencial y para el cual la Nación acaba de exigir la desocupación.
La intimación fue remitida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al intendente Walter Vuoto. En la nota oficial, el organismo otorga un plazo de 60 días corridos para que la Municipalidad retire las instalaciones que actualmente ocupa dentro del inmueble, donde funciona un depósito de sal utilizado para el operativo invernal de mantenimiento de calles y avenidas.
La decisión marca un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de avanzar sobre bienes considerados de dominio nacional. Semanas atrás, la administración nacional ya había desplazado a la Provincia del control operativo del puerto de Ushuaia, uno de los principales puntos de ingreso del turismo antártico y de cruceros internacionales. Ahora, el foco se traslada a un terreno cuya ubicación y dimensiones lo convierten en uno de los activos inmobiliarios más codiciados de la ciudad.
Sin embargo, a diferencia de otros proyectos impulsados por la Nación, hasta el momento no existe una definición pública sobre cuál será el destino del inmueble una vez que sea vendido. La AABE únicamente informa que el predio fue incorporado al proceso de enajenación autorizado por el Decreto 765/2025 y que será comercializado mediante subasta pública. No precisa si el futuro desarrollo será turístico, inmobiliario, comercial o destinado a otra actividad.
Ese interrogante cobra especial relevancia por la ubicación del terreno. Se encuentra delimitado por la avenida Hipólito Yrigoyen, las calles Roque Sánchez Galdeano, Isla Grande Malvina y el canal Beagle, en un sector costero que forma parte de la expansión urbana de Ushuaia y que concentra un enorme potencial económico. Al mismo tiempo, se trata de un espacio vinculado al crecimiento histórico de la ciudad y al desarrollo de actividades logísticas y de servicios que acompañaron la consolidación de la capital fueguina.
En la comunicación oficial, la AABE sostiene que una inspección realizada por el organismo confirmó que dentro del predio existe un galpón de chapa utilizado por la Municipalidad como depósito de sal. Sobre esa base, solicita que el municipio "arbitre los medios necesarios" para liberar completamente el inmueble antes de avanzar con su venta.
No obstante, el documento no menciona la existencia o inexistencia de convenios previos de uso entre el Estado nacional y la Municipalidad, ni ofrece alternativas para relocalizar una instalación considerada clave para la prestación de servicios públicos durante el invierno, cuando la sal resulta indispensable para mitigar la formación de hielo sobre la calzada.
La medida también reabre el debate sobre el destino del patrimonio inmobiliario nacional en Ushuaia. Mientras el Gobierno sostiene que busca monetizar activos estatales para generar recursos fiscales, desde distintos sectores locales surge la preocupación por la eventual privatización de espacios estratégicos sin una planificación urbana conocida ni instancias públicas de discusión sobre el uso futuro de esos terrenos.
En ese contexto, la intimación adquiere una dimensión que excede un simple trámite administrativo. Se produce en medio de una creciente disputa entre la Nación y las administraciones fueguinas por el control de infraestructura y bienes públicos considerados estratégicos. El puerto primero. Ahora un amplio predio costero. Ambos forman parte de una misma discusión sobre quién define el futuro de algunos de los espacios de mayor valor económico, urbano e institucional de Ushuaia.
Por ahora, la única certeza es que el Gobierno nacional ya inició el proceso para recuperar la posesión del inmueble antes de llevarlo al mercado. Lo que todavía permanece sin respuesta es qué proyecto reemplazará al actual uso público del predio y qué impacto tendrá esa decisión sobre el desarrollo futuro de una ciudad donde el suelo costero es uno de los recursos más escasos y valiosos.
FUENTE: edfm
