La cuarta sesión ordinaria del año no dejó avances sobre los principales proyectos que tiene pendientes la Legislatura. Más allá de sostener el trámite de urgencia de la iniciativa de financiamiento educativo y definir finalmente la integración de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Cámara concentró buena parte de la jornada en adhesiones, fechas conmemorativas, declaraciones de interés y pedidos de informes.
Después de cuatro meses sin una sesión ordinaria, la Legislatura de Tierra del Fuego volvió a ocupar sus bancas el pasado 1° de octubre. Sin embargo, la extensa pausa parlamentaria no se tradujo en el tratamiento de proyectos de particular relevancia económica, institucional o productiva.
Entre las leyes sancionadas estuvieron la institución del 8 de noviembre como Día de las Bibliotecas Fueguinas, el 12 de septiembre como Día del Espíritu Antártico y la adhesión a la ley nacional que establece el Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. También se aprobó la adhesión a la denominada Ley Nicolás, destinada a fortalecer la calidad y seguridad sanitaria.
El debate de mayor impacto estuvo centrado en la continuidad del trámite de urgencia impuesto por el Poder Ejecutivo al proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo. Luego de una prolongada discusión, la Cámara resolvió mantener ese procedimiento y girar la iniciativa a las comisiones de Educación y de Economía.
Los presidentes de esas comisiones, Luciano Selzer (LLA) y Matías Lapadula (Provincia Grande), se comprometieron a iniciar su análisis el martes 6 de octubre.
La decisión no es menor. El trámite de urgencia previsto constitucionalmente establece un plazo de 30 días hábiles desde el ingreso del proyecto. Si dentro de ese período la Legislatura no lo rechaza expresamente, la iniciativa queda aprobada y se convierte en ley. De allí que mantener la urgencia obliga ahora a acelerar una discusión que incluye la creación de un fondo específico para financiar el sistema educativo y nuevas fuentes de recursos.
La otra definición institucional fue la selección de las primeras autoridades de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sabrina Marcucci fue elegida defensora con asiento en Ushuaia, mientras que Verónica Facio y Abigail Astrada se desempeñarán en Río Grande y Tolhuin, respectivamente, desde el 1° de enero de 2027.
La votación no estuvo exenta de cuestionamientos. Natalia Gracianía (LLA) objetó la transparencia del concurso y sostuvo que debió recurrir a una presentación formal bajo la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener copia de los exámenes rendidos por los postulantes. Victoria Vuoto (PJ), quien presidió la comisión encargada del proceso de selección, rechazó que hubieran existido irregularidades.
El Puerto, a través de pedidos de informes
La intervención nacional del Puerto de Ushuaia también llegó al recinto, aunque únicamente a través de pedidos de informes.
El bloque Provincia Grande requirió información al Poder Ejecutivo sobre la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), mientras que María Laura Colazo (Partido Verde) puso el foco específicamente en los controles ambientales.
Este último pedido solicita precisiones sobre la fiscalización y el cumplimiento de la normativa ambiental en el Puerto de Ushuaia durante el período en que permaneció bajo intervención de ANPyN y apunta a establecer cómo se ejercieron los controles provinciales mientras la terminal estuvo bajo administración nacional.
Así, tras cuatro meses sin sesiones ordinarias, la Cámara volvió al recinto con una agenda que permitió resolver algunas cuestiones institucionales y avanzar con pedidos de información, pero dejó nuevamente en comisión buena parte de las discusiones de mayor impacto económico, productivo y administrativo que tiene pendientes.
FUENTE: edfm
