Una comisión legislativa reunió a autoridades municipales y dirigentes para reconstruir cómo se autorizó la instalación, qué controles se aplicaron y por qué la estructura sigue en el lugar. Tolhuin reclamó el pago de multas y el desarme del equipo.
Tres años después del inicio de la polémica, la estructura permanece en el mismo lugar y aún no se cumplió la orden nacional de retirarla. La investigación busca reconstruir cómo avanzó la obra, qué organismos intervinieron y qué responsabilidades existen ante una instalación vinculada con la seguridad y la soberanía fueguina.
Pablo Blanco, exsenador, y Daniel Harrington, intendente de Tolhuin, expusieron ante la comisión. Blanco repasó las posiciones de los gobiernos nacionales, sus pedidos de información en el Congreso y las dudas sobre el equipo. Harrington explicó cómo actuó el Municipio desde que detectó el movimiento de suelo y maquinaria.
Blanco recordó que el 4 de julio de 2023 representantes de la empresa le mostraron desde una computadora cómo podía operar a distancia. Por eso sostuvo que “la realidad es que el radar desde el año 2023 a la fecha sigue estando en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Yo me atrevo a decir, porque vi la demostración, que funciona en forma remota”.
El Gobierno nacional anterior manifestó inicialmente que desconocía la instalación y que el trámite no había pasado por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. A fines de 2023, una resolución del Ministerio de Defensa y de Jefatura de Gabinete ordenó desmantelarlo, pero la medida no se cumplió. Según Blanco, el actual Gobierno nacional cambió esa posición y considera que el equipo puede resultar beneficioso para el país. También cuestionó las primeras respuestas del Gobierno provincial, que presentó a la empresa como estadounidense, aunque afirmó que incluía capitales irlandeses e ingleses. La Provincia adoptó después una postura contraria y reclamó el retiro.
Sus gestiones en el Congreso tampoco permitieron aclarar el caso. Blanco aseguró que los pedidos de informes no fueron respondidos ni debatidos y afirmó que “nunca tuve una contestación, ni tuve siquiera la posibilidad de tratarlo en el ámbito del Senado, ni siquiera discutieron en las comisiones”. Solo obtuvo datos mediante la Ley de Derecho a la Información Pública. El exsenador sostuvo además que tanto el Gobierno anterior como el actual activaron el Senado según sus necesidades y dejaron sin debate proyectos de la oposición. También cuestionó a sectores de su espacio político que acompañaron al oficialismo nacional.
Por otra parte, el intendente Harrington valoró la creación de la comisión y consideró que permitirá ordenar la información, conocer las decisiones tomadas y establecer si hubo fallas dentro del Estado o actuaciones contrarias a los intereses de Tierra del Fuego. Asistió con la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, y el secretario Legal, Alexis Solís, quienes aportaron documentación municipal.
La intervención de Tolhuin comenzó al detectarse un movimiento de suelo y maquinaria cuya magnitud llevó a las autoridades a actuar. La exposición también buscó responder a las acusaciones contra la gestión municipal. Harrington recordó que el caso tuvo una fuerte presencia durante la campaña de 2023, aunque los trabajos habían comenzado en 2022, y afirmó que la comisión permitió explicar las medidas adoptadas con documentación.
El Municipio exige que la empresa cumpla las sanciones y retire la estructura. Harrington expresó que “queremos llegar no solamente a que la empresa se haga cargo de pagar las multas, sino también a que respete nuestra normativa y que se concrete la demolición o desarme de ese aparato”. El intendente sostuvo que una instalación de esas características no podía tratarse como una actividad comercial común dentro del ejido urbano. El Municipio, explicó, necesitaba conocer el origen de los capitales y los posibles riesgos antes de autorizar una obra con implicancias para la seguridad y la soberanía.
Harrington cuestionó además al Concejo Deliberante de Tolhuin y acusó a su presidente de utilizarlo como una “trinchera política”. Señaló que se priorizaron pedidos de informes mientras proyectos del Ejecutivo y de otros concejales quedaron fuera de la agenda.
Sobre las canteras, consideró llamativo que algunas empresas cuestionadas por la comunidad no fueran incluidas en los pedidos de información. También sostuvo que el Concejo no se pronunció sobre las actuaciones municipales vinculadas con el radar ni acompañó otros procesos, como la recuperación de las termas, con excepción de una concejal. Harrington reconoció la función de control del Concejo, pero afirmó que también debe producir normas para el crecimiento de Tolhuin.
Sobre las conversaciones nacionales de cara a 2027, consideró que continuarán las reuniones para construir acuerdos. La comisión deberá comparar ahora las declaraciones, las resoluciones nacionales, los pedidos de informes y la documentación municipal. La orden de desmantelamiento sigue sin cumplirse, Tolhuin exige el retiro y persisten las dudas sobre el funcionamiento del radar y las decisiones que permitieron que continúe instalado.
FUENTE: edfm
