Miercoles 11 de Noviembre de 2026, 05:22 hs.
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El presidente del cuerpo, Pablo Villegas (MPF), informó los avances de las medidas probatorias adoptadas y anunció que se citará a declarar a distintos funcionarios y exfuncionarios.
Desde la presidencia se informaron los avances de las medidas probatorias "que hemos adoptado y que habíamos acordado previamente con los integrantes de todos los bloques que participan de esta Comisión".
El legislador hizo mención a quienes respondieron en tiempo y forma lo requerido y quienes no lo hicieron, lo que motivó que algunos de sus pares manifestarán la necesidad de citar a funcionarios provinciales para que se presenten y acompañen la documentación.
"Acordamos comenzar a tomar declaraciones testimoniales a distintos actores: el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el exsenador Pablo Blanco; exfuncionarios nacionales como el exministro de Defensa, Jorge Taiana; y el jefe del Estado Mayor Conjunto que hizo un informe público respecto a la cuestión".
"La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no", señaló.
Con buenas expectativas a futuro, el legislador Villegas agregó: "Contamos con la predisposición de las autoridades del Poder Judicial, que nos permitió acceder a documentación fundamental para la investigación que llevamos adelante, tanto a nivel provincial como federal".
En este sentido, aclaró que algunos órganos se muestran renuentes frente a la tarea de la Comisión Especial: "Como la Dirección Provincial de Energía (DPE). No sabemos por qué", concluyó.
Participaron de la reunión en el salón de Comisiones la legisladora Natalia Gracianía (LLA) y los legisladores Matías Lapadula (PG), Federico Sciurano (FORJA) y Juan Carlos Pino (PJ). También estuvieron presentes organizaciones afines a la cuestión Malvinas y el Centro de Excombatientes de Malvinas.
La Comisión tiene como objetivo central el análisis, control y seguimiento de las actuaciones administrativas sobre las autorizaciones otorgadas a las empresas Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL para la instalación de un radar y una estación terrena en Tolhuin. Asimismo, busca deslindar responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios intervinientes, y su vinculación con el Gobierno central.
