En contacto con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, la legisladora provincial por La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, habló sobre el proyecto impulsado desde su bloque para declarar la educación como un servicio esencial. También apuntó contra el Ministerio de Educación, al que acusó de actuar “en complicidad con las medidas sindicales”.
La legisladora recordó que “el gremio docente había anunciado que si no se llegaba a un acuerdo iba a decretar paro por tiempo indeterminado. No fue una sorpresa, sino algo anunciado y el Ministerio de Educación dejó pasar el tiempo, que el paso iniciara y los chicos estén sin clases. Esta es una forma de dejar que las cosas sucedan y no tomar cartas en el asunto. El Ministerio de Educación nunca ha puesto un límite”.
En este sentido, Gracianía comentó que “el Ministerio de Capital Humano envió inspectores a corroborar si se estaba cumpliendo y garantizando, al menos, el 75% del servicio educativo, porque así se ha establecido la reforma. Había un paro convocado por CTERA. Lo que sucedió en la provincia es llamativo: Hubo una comunicación interna por parte del Ministerio de Educación que advertía que nadie que no fuera personal de las escuelas podía entrar a los establecimientos educativos”.
“Hay un protocolo especial que así lo establece y está muy bien, pero lo que llama la atención fue que haya un recordatorio el día anterior al inicio de las clases. Si se corrobora que esto fue así para que no sea controlado el cumplimiento en las escuelas por parte de Capital Humano, se deberán dar las explicaciones pertinentes en el Consejo Federal de Educación. Es una materia delegada a las provincias y hay obligaciones de poder de policía concurrentes entre Nación y Provincia, para garantizar el cumplimiento de una Ley nacional”, narró.
No obstante, indicó que “los inspectores de Capital Humano no pudieron ingresar a ningún colegio. Tuvieron que preguntar a padres y vecinos si conocían la información o tomarlos como testigos de que no pudieron ingresar”.
Según la referente libertaria, “en Tierra del Fuego hay cuestiones que están mal. Debemos hacer una revisión de varias cosas. Tenemos una crisis educativa muy profunda, con signos y situaciones muy concurrentes, como la responsabilidad directa del Estado provincial por no mantener la infraestructura en condiciones. Durante todo el año no pueden ponerlas en condiciones por la falta de inversión del mismo Gobierno. No fueron prioridad en su momento, cuando había para invertir”.
“Por otro lado, no exigir el cumplimiento de este derecho que tienen los estudiantes y está en cabeza del Ministerio de Educación. Por eso entendimos la necesidad de declarar la esencialidad, hablando de las competencias provinciales que tenemos sobre la educación; con una prestación mínima garantizada y obligaciones especialmente relacionadas con las entidades sindicales”, sentenció.
Gracianía aseguró que “esto no es una persecución contra los docentes, ni su derecho a protestar. Lo estamos haciendo en favor de las familias y de los estudiantes. Como caso testigo, el año pasado no se cumplió ni la mitad de los días obligatorios. No podemos terminar en las mismas condiciones sin tomar ninguna decisión de fondo”.
Sobre los alcances de su iniciativa, Gracianía contó: “Habla de cualquier tipo de interrupción parcial y total, cualquiera sea su denominación: paros, desobligaciones, retiros, asambleas, cese de actividad parcial o cualquier modalidad que afecte el normal funcionamiento”.
“Hablamos de las obligaciones de la autoridad de aplicación para que esto se pueda cumplir; de un protocolo de continuidad del servicio y un plan provincial que debe ser anual y anterior al inicio del Ciclo Lectivo; de la necesidad de información clara a las familias con una antelación suficiente e incluimos la garantía de trabajo para aquellos que quieran ingresar en una jornada de protesta y se encuentren con algún tipo de bloqueo o impedimento por parte de quienes llevan adelante la medida de fuerza; a protección del trabajador que presta servicios y lo que tiene que ver con la continuidad pedagógica, la recuperación de los días de clases, el control de los incumplimientos y las sanciones que debe haber. También, sobre la transparencia que necesitamos respecto de los días de clases. El Ministerio de Educación tendrá que publicar esta información trimestralmente e informar a la Legislatura”, precisó.
“Tenemos que dar la discusión y solucionar este tema que es como un cuento de nunca acabar. Los únicos rehenes de esta situación, con los conflictos entre el Ministerio de Educación y los docentes, son los chicos. Debemos buscar alternativas para proteger el derecho a la educación”.
También respondió a las críticas del secretario general del SUTEF, quien en el mismo medio aseguró que la Legislatura no trató la iniciativa sindical de Financiamiento Integral del Sistema Educativo: “Se ha discutido, pero no se ha llegado a la conclusión que esperaba el gremio. Hemos analizado los proyectos con el Ministerio de Economía y de AREF. Siempre fuimos muy claros y se lo hemos dicho a Horacio Catena: La Libertad Avanza no acompaña subas de impuestos ni presiones tributarias sobre los contribuyentes para financiar cuestiones indelegables del Estado. Además, porque volvemos a lo mismo: hay cuestiones que son resorte del Poder Ejecutivo provincial”.
“Como órgano legislativo no podemos convocar a paritarias; no puede trasladarse la discusión salarial que debe darse en el ámbito del Ejecutivo al Legislativo porque no tienen forma de parar la pelota y tomar decisiones. Es importante que se distingan determinadas obligaciones de cada uno de los entes y Poderes”, expresó.
E insistió: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, debatimos lo que teníamos que debatir y no se llegó a ninguna conclusión. El último proyecto hablaba de dinero que todavía no existe en Tierra del Fuego, por ejemplo, lo que se pueda recaudar de hidrógeno verde. Si nos basamos en que de ahí saldrá parte del financiamiento educativo, estamos hablando de una previsión a futuro y suponiendo que tendremos esa industria que hoy no tenemos. Es una ilusión. No podemos legislar sobre ilusiones, sino sobre cuestiones concretas”.
Consultada por el Registro Provincial de Días Efectivos de Clases, explicó: “Tienen que publicar mensualmente los días previstos de clases, los efectivamente dictados, los afectados, el cronograma de recuperación, el porcentaje anual de cumplimiento y la cantidad de alumnos alcanzados por las medidas de acción sindical. Debe haber un plan preventivo anual de recuperación de clases”.
Y agregó que “se trata de darles a los padres información real sobre la situación de cada establecimiento. No podemos esperar que golpeen la puerta de la Dirección y sacar cuentas. Queremos que el Ministerio de Educación tome un rol activo para brindar información a las familias. Evidentemente no hay una intención de controlar esta situación ¿Cuánto tiempo discutimos las desobligaciones? No podemos seguir discutiendo todo el tiempo con los chicos como rehenes de los problemas de adultos”.
“Tienen una forma de dejar que los problemas avancen y toman cartas en el asunto cuando están avanzados. El Ministerio de Educación convoca al gremio cuando ya hay un paro por tiempo indeterminado que sigue adelante. Las gestiones no fueron tan exitosas como habrán creído y seguimos con la misma situación”, sentenció.
Gracianía alertó que “el último anuncio del sindicato habla de que no volverán a las aulas hasta que no logren una respuesta de recomposición salarial. O sea que seguiremos esperando para poner en discusión cómo logramos garantizar el derecho de los chicos a estudiar. La intención no es enfrentarse con los docentes ni con el gremio, cada uno será responsable de las decisiones que tome”.
Por ello, manifestó que les interesa “poner el foco sobre quienes están absolutamente desprotegidos, que son los estudiantes y las familias. Nadie hace nada por ellos, ni siquiera quien está obligado, que es el Ministerio de Educación. Este proyecto de Ley es el piso de discusión para lo que entendemos que puede ser una herramienta para lograr un equilibrio. No nos podemos quedar mirando cómo los adultos no se ponen de acuerdo y los chicos pagan las consecuencias”.
“Va a poder garantizar lo que no pueden el Gobierno de Gustavo Melella o el Ministerio de Educación, que ha tenido una acción absolutamente pobre y, lamentablemente, pareciera que en complicidad con las medidas sindicales. No hemos visto ninguna acción en favor de las familias y los estudiantes”.
Para cerrar, se refirió al trabajo legislativo en lo que resta del año: “Con muchas expectativas de lograr la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Necesitamos esta herramienta. Estamos absolutamente convencidos de que es una herramienta eficaz para solucionar los problemas que tenemos en Tierra del Fuego para ampliar la matriz productiva y generar nuevas inversiones que sean fuentes efectivas de trabajo para nuestra gente”.
“Debemos dejar de mirar el éxito de otras provincias y empezar a crecer y desarrollarnos. En la zona norte necesitamos reactivar el trabajo. Esperamos contar con los votos necesarios para hacer realidad esta herramienta. Tenemos que dejar de lado las posiciones ideológicas extremas y pensar en que los fueguinos necesitamos respuestas. Para eso estamos en la Legislatura”, culminó.
FUENTE: sur54
