El legislador Pablo Villegas sostuvo que el conflicto por el radar de Leolabs continúa abierto pese a la sentencia judicial contra la empresa. También mostró su preocupación por los últimos hechos en la unidad de detención en Río Grande y advirtió que la intervención nacional sobre el puerto de Ushuaia sigue avanzando mientras la provincia espera definiciones de la Corte Suprema.
una comisión investigadora creada por la Legislatura para analizar las actuaciones relacionadas con el radar de Leolabs volverá a reunirse este jueves con el objetivo de profundizar la recopilación de información sobre el caso. Entre las previstas figura la invitación al juez Gustavo González, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Río Grande, quien dictó la sentencia que declaró la nulidad de la inscripción de Leolabs Argentina ante la Inspección General de Justicia.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Pablo Villegas, consideró que resulta fundamental conocer en detalle los alcances de esa resolución judicial, aunque advirtió que el conflicto permanece abierto. "Hoy el radar está más vigente que nunca por dos cuestiones básicas. Uno, porque Leolabs Argentina apeló la sentencia recaída en ese juzgado que había decretado la nulidad de la inscripción ante la Inspección General de Justicia y, por otro lado, porque tienen un recurso de revisión todavía dando vueltas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional", afirmó.
Para el legislador, esos antecedentes justifican la continuidad de la investigación parlamentaria. En ese sentido, sostuvo que “ambos elementos le dan mayor importancia a la tarea que puede hacer la comisión investigadora, porque no estamos hablando de un hecho pasado, sino que estamos hablando de una realidad que a las claras nos indica la seria y ostensible intención de este grupo de empresas de lograr definitivamente la habilitación del radar”, un sistema que “al decir del Ministerio de Defensa cumple una función dual”, por lo que podría ser considerado un instrumento de uso militar.
Villegas explicó que el trabajo de la comisión demandará distintas etapas, desde la recopilación y valoración de la información hasta la eventual convocatoria de funcionarios y la elaboración de un informe final. Según indicó, existe acompañamiento de la mayoría de los bloques legislativos para avanzar con la investigación y determinar responsabilidades y alcances institucionales del caso.
Además, se refirió a la investigación en curso por los hechos ocurridos en la Unidad de Detención de Río Grande. Afirmó que existen elementos que permiten asociar lo ocurrido con estructuras del crimen organizado y remarcó la gravedad institucional del caso. “Esto tiene relación con algunos vínculos que tienen algunos sectores internos que están bajo la actuación institucional del servicio penitenciario con el crimen organizado y nosotros, en Tierra del Fuego, no nos lo podemos permitir”, sostuvo al referirse a una causa que involucra tanto a internos como a personal penitenciario.
Lo sucedido también exponen problemas estructurales del sistema carcelario provincial: “Los procesados tienen que tener un régimen y un tratamiento diferencial a los condenados y tienen que estar alojados en lugares distintos”, afirmó, al señalar que tres personas con prisión preventiva fueron alojadas junto a condenados de perfiles complejos. Según agregó, “esto marca otra realidad: la falta de inversión del Estado, no solamente de este gobierno sino de un sinnúmero de gobiernos que no han tenido como agenda prioritaria la construcción de infraestructura carcelaria para que los condenados estén por un lado y los procesados por otro”.
Villegas demostró además que el director del Servicio Penitenciario Provincial debió haber sido apartado preventivamente mientras avanza la investigación. “No nos podemos permitir que existan situaciones de esas características en Tierra del Fuego, porque si no vamos a determinar que determinados sectores del Estado provincial terminan estando vinculados o direccionados por algunos actores que están en conflicto con la ley penal y que participantes del crimen organizado”, advirtió.
La situación del puerto de Ushuaia adquirió otra de los ejes centrales de sus definiciones. El legislador recordó que la Legislatura impulsó la intervención de la Fiscalía de Estado para promover acciones judiciales contra la medida nacional y destacó la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, sostuvo que la demora en las definiciones judiciales permitidas para que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación continúe avanzando sobre distintas áreas de gestión.
Según planteó, la intervención sigue tomando decisiones sobre obras, recursos y prioridades administrativas mientras la provincia espera una resolución de fondo. “Siguen avanzando, siguen usando y afectando los recursos que son nuestros, siguen decidiendo cuáles son las prioridades de la gestión que las tendríamos que estar definiendo nosotros”, cuestionó.
Villegas atribuyó parte de esa situación a la falta de una reacción más amplia de distintos sectores económicos y sociales de la provincia. "Hoy la ANPyN hace lo que hace en el puerto de Ushuaia porque no hay un pueblo detrás de la defensa de ese puerto. Para que haya esa legitimidad social primero tenemos que reconocer que hay cosas que hemos hecho mal en la administración y, en segundo lugar, rectificar esas cosas", afirmó. A su criterio, la discusión requiere una participación más activa de empresarios, gremios, organizaciones intermedias y actores políticos.
Insistió en que el control de la terminal marítima debe continuar en manos fueguinas y sostuvo que la solución excede el plano judicial. “El puerto es de Ushuaia, el puerto es de la provincia de Tierra del Fuego, tiene que ser administrado por los fueguinos”, afirmó. Y agregó: “Esto, más allá de los planteos judiciales que existen, se resuelve con política”.
FUENTE: edfm
