La Ley Provincial 1626 dejó sin efecto a la que en diciembre de 2023 había declarado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego. La norma fue sancionada por la Legislatura, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por insistencia parlamentaria.
La derogación de la Ley 1529, sancionada en diciembre de 2023, que establecía la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego, quedó promulgada de hecho tras la insistencia de la Legislatura provincial sobre el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo.
La medida fue sancionada originalmente por la Legislatura el 30 de abril de 2026 bajo la Ley N° 1626. Sin embargo, posteriormente fue vetada por el Ejecutivo mediante el Decreto Provincial N° 865/26.
En la sesión ordinaria realizada el 22 de mayo, el Parlamento fueguino insistió con la sanción de la norma, con lo cual ratificó su mayoritaria e irreversible decisión de derogar la Ley 1529.
Con esta promulgación definitiva, quedó sin efecto la norma que había declarado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial, iniciativa aprobada a mediados de diciembre de 2023, que habilitó la convocatoria a una Convención Constituyente para debatir modificaciones a 70 artículos de la Carta Magna fueguina.
El mecanismo de insistencia legislativa está previsto en la Constitución Provincial y permite que una ley vetada por el Poder Ejecutivo quede firme cuando la Legislatura reúne las mayorías necesarias para ratificar su sanción original.
No obstante, desde el Poder Ejecutivo se sostiene que la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional tiene carácter de norma especial y, por lo tanto, recibe un tratamiento diferencial respecto del trámite ordinario de sanción de leyes. Bajo esa interpretación, quedaría excluida la posibilidad de una revisión posterior a su sanción, tanto por parte del Ejecutivo como del Legislativo.
Cumplida la formalidad administrativa de la promulgación de hecho y su publicación en el Boletín Oficial, queda abierta para el Ejecutivo la posibilidad de judicializar la abrogación dispuesta por los 11 legisladores que integran los bloques del PJ, Movimiento Popular Fueguino, Somos Fueguinos, La Libertad Avanza, Provincia Grande y Partido Verde.
De esta manera, la controversia por la reforma constitucional suma un nuevo capítulo institucional, en un escenario que podría trasladarse, una vez más, al ámbito judicial.
FUENTE: edfm
