En una jornada de reflexión sobre la concientización social respecto de la Violencia de Género, la Justicia, con un rol primordial en combatir este flagelo, mantiene una deuda con la sociedad con uno de sus ex integrantes que todavía es protegido a casi 4 años de una grave denuncia.
En agosto de 2022 Carla Kirsten realizó la denuncia pública del calvario que vivía y las visibles lesiones en relación a un caso de Violencia de Género que compromete a un alto funcionario judicial del propio Superior Tribunal de Justicia.
La denuncia fue un cimbronazo judicial dado que involucraba al relator Marcelo Guzmán, quien se desempeñaba junto al juez Ernesto Loffler en la Corte, y en los días posteriores a la denuncia solo se emitió un comunicado tibio en el cual no se decía mucho.
Más allá de las expresiones, la expectativa social estaba centrada en ver la respuesta punitiva del Poder Judicial puertas adentro y la misma pareció más centrada en un control de daños que en buscar Justicia para la víctima.
Guzmán fue apartado de sus funciones ante lo insostenible de su situación, pero nunca fue detenido a pesar de que la víctima denunciaba su temor y riesgos procesales que en cualquier otro caso hubieran valido la detención del imputado.
La mujer manifestó a través de sus redes sociales los maltratos a los que era sometida, la desprotección y el temor, en relación a la posición de poder de este magistrado. Cuestión evidenciada por la propia acción –u omisión- del Poder Judicial.
Pocos días después hubo una marcha reclamando celeridad en la causa, en la que llamativamente algunos sectores feministas no participaron por el vínculo político que los unía por ese entonces al juez Loffler. La Justicia, que había previsto la indagatoria a Guzmán para el mes siguiente no encontró otra opción que adelantarla y en menos de 48 horas este sujeto fue procesado por “lesiones graves agravadas”.
La causa prosiguió con dilaciones importantes. Como suele suceder en estos casos las partes intentaron un acuerdo judicial entre abogados, pero ello requería del acuerdo de la Fiscalía de Género.
Lo que hubiese sido una simple oposición a un acuerdo imposible de contemplar por la posición de poder de una de las partes y el de vulnerabilidad de la denunciante, se tradujo en una demora de siete meses en pronunciarse por parte de la fiscal María Paula Schapochnik, quien luego en 2025 expresó “el acuerdo que se acompaña no resulta viable, ni favorable a los intereses de la víctima”.
Con esta fiscal la causa está programada en el Tribunal de Juicio de Ushuaia para el proceso oral recién para el mes de septiembre próximo, a 4 años y 1 mes de la grave denuncia y el imputado sin pasar un solo día en una celda, situación extraordinaria en un caso de esta envergadura.
FUENTE: actualidadtdf
