El Gobierno confirmó que el proceso electoral continúa en marcha y avanzará con el veto a las leyes sancionadas por la Legislatura. Sostienen que no existen herramientas institucionales para frenar la convocatoria a la reforma constitucional.
La aprobación en la Legislatura de la derogación de la ley de convocatoria a la reforma constitucional y del sistema de goteo automático abrió un conflicto institucional de alto voltaje en la provincia, con impacto tanto en el plano jurídico como en el financiero y político.
En ese marco, el jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, ratificó con claridad la posición del Ejecutivo: “El proceso electoral está en marcha y no hay resortes institucionales ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo para poder suspenderlo”, afirmó, y subrayó que la convocatoria ya generó efectos concretos. “Hay un proceso constituyente que ya está en marcha, hay derechos que ya tienen los vecinos a ser elegidos y elegir, y eso no se puede retrotraer”, agregó.
El funcionario explicó que la discusión sobre la validez del proceso ya fue saldada en instancias anteriores. “Esta ley fue judicializada, se analizaron todos los planteos durante un año y el Superior Tribunal de Justicia confirmó su constitucionalidad. Como esa instancia no los conformó, ahora vuelven por la vía legislativa, pero en una cuestión que es claramente inconstitucional”, sostuvo en diálogo con Zoom a Diario.
En esa línea, remarcó que la norma que habilitó la reforma no puede ser tratada como una ley ordinaria. “No es una norma simple que pueda derogarse con otra. Es una ley especial vinculada al poder constituyente, y una vez que el proceso está en marcha ya no puede ser interrumpido”, señaló.
Frente a este escenario, Canals confirmó el curso de acción del Ejecutivo. “Vamos a hacer uso del veto, no porque nos guste o no, sino porque corresponde desde el punto de vista jurídico”, indicó, aunque aclaró que el Gobierno analiza alternativas. “Estamos evaluando si además del veto corresponde avanzar con alguna presentación judicial, pero la intención es poder resolverlo en el ámbito político”, explicó.
En paralelo, el jefe de Gabinete cuestionó con dureza el sistema de goteo aprobado por la Legislatura, al que calificó como inviable desde el punto de vista operativo. “Es inaplicable una herramienta como la del goteo diario. El proceso de analizar qué recursos ingresan y cuáles son coparticipables tarda no menos de una semana. Estarías enviando fondos sin saber si corresponden o no”, detalló.
Canals profundizó en la explicación técnica y advirtió sobre las consecuencias del esquema. “Hay recursos que no son coparticipables, como adelantos de coparticipación o determinados impuestos. Con este sistema tendrías que distribuirlos igual y después hacer ajustes mensuales, lo que genera un desorden total”, sostuvo.
El funcionario vinculó además la discusión con el contexto económico. “En enero ingresaron 101.000 millones de pesos, en febrero 94.000 y en marzo 86.000. Lo que hay para distribuir es cada vez menos, y eso genera tensiones entre los distintos actores”, explicó, y agregó: “Cuando la torta se achica, todos quieren asegurarse su parte en menor tiempo”.
En ese sentido, planteó que detrás de la ley existen distintas motivaciones. “Hay actores que buscan garantizar recursos para sus municipios, lo cual es lógico, pero también hay otros que tienen una intención clara de asfixiar al Ejecutivo provincial en una situación económica compleja”, afirmó.
El conflicto también dejó al descubierto una fuerte fractura política, particularmente con el municipio de Ushuaia. “Hoy no hay diálogo político, las miradas son completamente diferentes y no hay un camino de convergencia”, reconoció Canals, y describió el cambio como “diametral” respecto de la situación previa.
Incluso vinculó esa ruptura con decisiones recientes. “Si uno plantea que una ley puede poner en jaque el pago de salarios, la salud o la educación, y desde un sector se celebra, es muy difícil encontrar puntos de acuerdo”, señaló.
No obstante, diferenció el plano político del institucional. “Los canales institucionales tienen que seguir funcionando. Es obligación del Ejecutivo sentarse a dialogar, entender las necesidades y tratar de ordenar el sistema en un contexto de crisis”, indicó.
En ese marco, insistió en que el Gobierno buscará evitar una escalada judicial. “Vamos a trabajar en el diálogo político para encauzar esta situación, aunque sabemos que existe la posibilidad de que termine en la Justicia”, sostuvo.
Finalmente, Canals ratificó el cronograma electoral y descartó cualquier cambio en el corto plazo. “Nosotros seguimos trabajando con el juzgado electoral, con el cronograma y con todos los recursos necesarios. El 9 de agosto se van a elegir los convencionales”, afirmó.
FUENTE: edfm
