Un documento oficial al que tuvo acceso EDFM certificó que el puerto de Ushuaia cumplía estándares internacionales hasta 2029. Fue emitido días antes de la intervención federal y contradice los cuestionamientos sobre falta de seguridad.
Días antes de la intervención federal dispuesta el 22 de enero de 2026, el puerto de Ushuaia había recibido un respaldo contundente en materia de seguridad internacional. La Prefectura Naval Argentina emitió el 14 de enero de ese año la Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria, certificando que la terminal operaba bajo los estándares exigidos por el Código PBIP.
El dato no es menor. El documento, identificado como declaración N° 15/2024 y rotulado como “duplicado”, establece que la Dirección Provincial de Puertos – Puerto Ushuaia cumplía con el Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y con la Parte A del Código PBIP. En términos concretos, esto implica que el puerto no solo se ajustaba al marco legal internacional, sino que además aplicaba medidas efectivas de prevención ante amenazas como terrorismo, sabotaje o tráfico ilícito.
Sin embargo, la certificación adquiere especial relevancia al contrastarse con los argumentos centrales de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que fundamentaron la intervención en presuntas falencias en materia de seguridad. El aval de Prefectura, autoridad competente en la materia, pone en tensión esa narrativa: al momento de la intervención, el puerto contaba con validación plena y vigente.
En este sentido, el certificado confirma la existencia de un sistema integral de protección que incluye evaluación de riesgos, control de accesos, vigilancia de áreas sensibles y protocolos de respuesta ante distintos niveles de alerta. Asimismo, acredita que la instalación operaba bajo un plan de protección aprobado y supervisado, uno de los requisitos centrales del Código PBIP.
Además, la vigencia del documento se extiende hasta el 29 de octubre de 2029, lo que implica casi cuatro años de respaldo formal en materia de seguridad portuaria. Aunque sujeto a auditorías periódicas, este plazo refuerza la idea de que no se trataba de un cumplimiento circunstancial, sino de una condición estructural validada por la autoridad marítima.
Por otra parte, la certificación abarca la operatoria con distintos tipos de buques —portacontenedores, de pasajeros y pesqueros—, lo que subraya la importancia estratégica del puerto de Ushuaia en el sistema marítimo del sur, especialmente en el tráfico antártico.
En consecuencia, el documento emitido por Prefectura introduce un elemento clave en el debate: la intervención se produjo sobre una instalación que, al menos en términos de seguridad internacional, estaba certificada y en regla. Esto abre interrogantes sobre la consistencia de los fundamentos esgrimidos por la ANPYN.
Así, el aval vigente hasta 2029 no solo confirma el cumplimiento de estándares globales, sino que también se convierte en un punto de contraste directo con las críticas oficiales, en un escenario donde la seguridad fue uno de los ejes centrales de la discusión.
FUENTE: edfm
