En declaraciones a medios locales, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, se expresó a favor de la intervención del Puerto de Ushuaia y aseguró que tiene como objetivo “transparentar el uso de recursos y garantizar el funcionamiento”.
El referente libertario explicó que, para entender la intervención, “nos tenemos que ceñir a lo que dice el convenio entre Nación y Provincia, en el año 92. Es la Ley 24093. En el inciso 23 del decreto reglamentario dice que los fondos de la administración del puerto no pueden ser usados para otro fin que no sea el puerto”.
“¿Cómo empezó este tema? El año pasado el puerto, a modo de préstamo, transfirió 4 mil millones de pesos al Gobierno provincial para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino. Hubo denuncias por parte del mismo personal de planta a la ANPyN, que solicitó un informe. Enviaron a hacer una inspección al puerto”, recordó.
Según Rodríguez, en la inspección “se conoció que el puerto tiene falencias estructurales para la normal operación. La ANPyN es una autoridad portuaria nacional. Puede aplicar correctivas a la administración de cualquier puerto del país. Incluso la suspensión o intervención, como lo hizo en el Puerto de Ushuaia”.
Cabe aclarar que, pese a que el discurso del Gobierno nacional y del arco libertario insiste en señalar presuntas “falencias estructurales” como justificación de la intervención, lo cierto es que el Puerto de Ushuaia nunca detuvo su funcionamiento tras la medida administrativa.
En esta línea, consideró que “el foco debe estar en si realmente hubo un envío de fondos de la actividad portuaria o no, y en garantizar el correcto funcionamiento del Puerto de Ushuaia. Estamos en una temporada de cruceros. Yo estoy al tanto, porque hasta hace poco estuve a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones. Tenemos más de 500 recaladas por temporada y es el segundo puerto más importante del país”.
“Inicialmente, esta medida es para transparentar el uso de recursos y garantizar el funcionamiento. Yo tengo la resolución del Gobierno. En notas anteriores, el presidente del Puerto, Roberto Murcia, mencionaba los pedidos de informes por parte de Nación y que habían elevado lo que solicitaba el ente. Evidentemente, no convencieron las explicaciones y hubo falta de información en los informes. Es una intervención administrativa por un año, y con la posibilidad de prorrogar por un año más”, explicó.
Rodríguez insistió en que “el recurso de los fueguinos no puede ser usado por el Ejecutivo para tapar agujeros negros. La OSEF está prácticamente quebrada. La Administración Pública provincial hace agua por donde la mires. Los fueguinos merecen que el uso de sus recursos sea transparente y no se usen para la política”.
Para cerrar, fue consultado sobre las gestiones que hará en Buenos Aires para garantizar el regreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo, pero respondió: “El funcionamiento del puerto sigue. La resolución menciona una intervención administrativa por el plazo de 12 meses. Si se subsanan estas falencias, volvería a la administración de la Dirección de Puertos. Lo más importante es transparentar qué se hace con los fondos de los fueguinos. Más allá de si lo administra la Nación o la Provincia”.
FUENTE: sur54
