El abogado Antonio César Petkos denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Adrián Löffler. Lo acusa de haber intervenido con sesgo político y vínculos familiares que habrían afectado su imparcialidad en los fallos vinculados a la reforma constitucional provincial.
La denuncia presentada por el abogado Antonio César Petkos sacudió los cimientos del Poder Judicial fueguino. En un escrito de 25 páginas, elevado al Consejo de la Magistratura, el letrado solicita el juicio político del juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Löffler, a quien acusa de haber actuado con “parcialidad manifiesta”, vínculos familiares y un “comportamiento sostenido contrario a la independencia judicial”. La presentación sostiene que el magistrado habría utilizado su posición institucional para incidir en decisiones vinculadas con el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno provincial.
Petkos describe la conducta del juez como “un patrón de intervención política desde el Poder Judicial”. Según su planteo, Löffler habría participado en resoluciones judiciales de “trascendencia institucional y política” mientras mantenía intereses personales y familiares que lo inhabilitaban para hacerlo. El texto acusa al magistrado de mal desempeño, basado en tres ejes: pérdida de imparcialidad, retardo deliberado de fallos y vínculos directos con actores políticos involucrados en el proceso constituyente.
El abogado denunciante menciona que durante las causas donde se debatía la constitucionalidad del llamado a reforma, su hermano, Damián Löffler, actuaba como legislador y uno de los principales opositores al proyecto. Esa coincidencia, argumenta, “no deja margen de duda sobre la parcialidad del magistrado”, ya que las posiciones públicas de su hermano influían directamente sobre su capacidad de juzgar con independencia. Para el denunciante, esa relación familiar constituye una violación al principio de imparcialidad objetiva, que exige no solo independencia real sino también la apariencia de neutralidad ante la sociedad.
Petkos asegura que el juez no solo evitó excusarse, sino que además habría retenido indebidamente expedientes clave —entre ellos los casos Lechman, Rossi y Melella—, generando un “retardo malicioso” en la resolución de las causas. Esa demora, según la denuncia, no puede explicarse por cuestiones administrativas o de carga laboral, sino que fue una maniobra deliberada para paralizar el debate político sobre la reforma y “neutralizar temporalmente” las decisiones de los otros poderes del Estado.
En el apartado titulado “Evidencias procesales que revelan retardo malicioso”, el escrito detalla cómo varios expedientes de alta relevancia institucional permanecieron sin resolución durante meses, sin fundamentos procesales válidos. “La demora judicial se transformó en un instrumento de bloqueo político”, afirma Petkos, que sostiene que el juez Löffler utilizó su poder para incidir indirectamente en la dinámica del proceso constituyente. En esa línea, cita doctrina nacional e internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, que obligan a los magistrados a apartarse cuando existen circunstancias que puedan afectar la confianza pública en su imparcialidad.
El denunciante también apunta a declaraciones públicas del propio juez Löffler, que habrían anticipado su postura contraria a la reforma constitucional. En una entrevista de noviembre de 2023, el magistrado afirmó: “Defendemos la Constitución. Las constituciones tienen que ser defendidas, aunque no te gusten; pero de todas maneras hay que cumplirlas”. Para Petkos, esa frase constituye una opinión política previa a los fallos, incompatible con la neutralidad judicial. “No solo opinó sobre un tema bajo análisis, sino que lo hizo públicamente, comprometiendo la imagen de imparcialidad del Superior Tribunal”, remarca.
La denuncia culmina con una enumeración de causales de mal desempeño:
Retardo malicioso y retención indebida de expedientes.
Hostilidad institucional hacia el Poder Ejecutivo.
Omisión de excusación ante evidentes vínculos familiares y políticos.
Exteriorización pública de opiniones sobre causas en trámite.
Pérdida de imparcialidad reconocida por el propio tribunal en la aceptación de la recusación.
Según el denunciante, esos comportamientos configuran “una violación reiterada de los deberes esenciales del cargo y una causal suficiente de enjuiciamiento”. Petkos pide al Consejo de la Magistratura que avance con el proceso y actúe “para garantizar la integridad del sistema judicial fueguino”.
El impacto político de la presentación es innegable. En una provincia donde las relaciones personales y los vínculos institucionales suelen entrelazarse, la denuncia contra un juez del máximo tribunal reaviva el debate sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes. “No se trata de una cuestión formal, sino del corazón del sistema republicano”, señala el texto acusatorio. Si el Consejo decide abrir el proceso, podría convertirse en un precedente histórico para la provincia, marcando límites más estrictos entre la justicia y la política.
Con el avance del juicio político, se producirá un debate institucional de fondo sobre la ética judicial y la independencia del máximo tribunal. Más allá del resultado, la denuncia de Petkos vuelve a poner en primer plano una pregunta incómoda pero esencial: ¿puede la justicia fueguina mantener su neutralidad cuando las relaciones familiares, políticas y judiciales se entrecruzan en el mismo escenario?
La denuncia que solicita la destitución del juez Ernesto Löffler ingresará en la próxima sesión del Consejo de la Magistratura y, a partir de allí, se disparará un intenso proceso que podría terminar con la salida del cortesano del máximo tribunal provincial.
FUENTE: edfm
