En su sesión del 30 de julio, el Consejo de la Magistratura resolvió oficiar al Ministerio Público por la actuación del fiscal Fernando Ballester Bidau y a la jueza María Cristina Barrionuevo, para que informen por qué no se cumplió con la obligación de notificar una investigación penal contra el camarista penal Andrés Leonelli, tal como lo establece la Ley Provincial 525. La próxima reunión será el 11 de agosto.
El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego se reunió el pasado 30 de julio en la ciudad de Río Grande, para abordar los temas que se encontraban en agenda y, entre ellos, trató la situación del juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli, quien se encuentra sometido a una turbulenta investigación penal que ha cobrado ribetes impensados a raíz del presunto robo de pruebas fundamentales para la investigación que se lleva adelante por la tenencia de fotografías sobre abuso sexual infantil. Dichas imágenes formaron parte de actuaciones que estuvieron a cargo de Leonelli cuando se desempeñaba al frente de uno de los juzgados de instrucción de la ciudad de Río Grande.
La sesión fue encabezada por la presidenta del organismo, Dra. Edith Miriam Cristiano, y contó con la participación de la legisladora Dra. María Victoria Vuoto, el legislador Dr. Federico Jorge Greve, la consejera Dra. Verónica Muchnik y los miembros Lic. Paulo Agustín Tita y Dr. Santiago Martín D’Angelo (de forma virtual). Se dejó constancia de la ausencia, con aviso previo, del Dr. Virgilio Juan Martínez de Sucre.
Uno de los temas principales abordados en el orden del día fue el análisis sobre la conducta de la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo y del fiscal mayor Fernando Ballester Bidau, en relación con la causa en la que continúa involucrado el juez Leonelli. El Consejo consideró que los hechos que lo involucran al camarista tomaron estado público sin que se haya cumplido con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Provincial 525, que obligan a notificar al Consejo en caso de procesos penales contra magistrados.
En consecuencia, se resolvió por unanimidad enviar oficios al fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y a la jueza del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, María Cristina Barrionuevo, para que informen sobre la existencia de una investigación penal en curso contra el juez Leonelli. En caso afirmativo, deberán explicar por qué no cumplieron con la obligación de notificación al Consejo.
Ahora bien, la decisión del Consejo de la Magistratura, adoptada por unanimidad, posiciona a los investigadores de la causa —Barrionuevo y Ballester Bidau— como potenciales responsables de una omisión administrativa, al no haber dado aviso al organismo de selección y remoción de magistrados sobre la apertura y avance de una causa penal en la que está involucrado Leonelli.
Esta resolución abre la posibilidad de que tanto el fiscal Ballester Bidau como la jueza Barrionuevo sean formalmente observados por el Consejo o el Superior Tribunal de Justicia, ya que la Ley Provincial 525 considera este tipo de omisiones como una falta grave. El artículo 4 establece que toda imputación penal contra un magistrado debe ser comunicada inmediatamente al Consejo, mientras que el artículo 5 faculta a este órgano a actuar de oficio y a requerir informes para garantizar el debido proceso de enjuiciamiento.
La sesión también incluyó el análisis de las presentaciones contra magistrados —no identificados en el acta— por parte de Nora Beatriz Godoy y Violeta Roxana Coronel, las cuales fueron rechazadas por unanimidad. Además, se definió el calendario del concurso para juez del Juzgado de Familia y Minoridad N.º 1 de Ushuaia, que se desarrollará entre el 18 y 19 de septiembre. Asimismo, se tomó conocimiento de la renuncia de la jueza correccional Dra. Felicitas Maiztegui Marcó.
Por otra parte, en relación a la continuidad de la causa Leonelli, este medio pudo confirmar que mañana se realizará una prueba pericial informática solicitada por la defensa del camarista penal, en la que podría definirse su situación procesal dentro de la causa en la que está involucrado.
Desde un primer momento, la defensa del magistrado sostuvo que la tenencia de las fotografías en formato digital fue consecuencia del almacenamiento de material fotográfico que había sido incorporado como prueba en distintas investigaciones penales que tuvo a su cargo Leonelli mientras dirigía uno de los juzgados de instrucción en Río Grande.
Finalmente, el Consejo convocó a su próxima reunión para el 11 de agosto a las 12:00 horas, en continuidad con la agenda institucional.
FUENTE: edfm
