La denuncia, presentada por el legislador Jorge Lechman, era contra funcionarios del Ejecutivo provincial, ante una supuesta "desobediencia" que suspendió el acto electoral en torno a la reforma parcial de la Constitución Provincial y dejó sin efectos el cronograma electoral.
En su presentación, el Legislador daba cuenta de un supuesto incumplimiento de funcionarios provinciales a la manda judicial respecto de la mencionada suspensión. Sin embargo, en su escrito el Juez de Instrucción Sergio Pepe antendió que “no se encuentra constituido el aspecto objetivo que requiere el delito de desobediencia para su configuración”.
“Es cierto que la orden emitida por el máximo estrado provincial resulta clara y, sin lugar a duda, señala la suspensión del acto electoral, pero también lo es que no fue notificada (Gobierno provincial) fehacientemente hasta cinco días después del supuesto incumplimiento”, aclara.
Por lo cual, en la denuncia realizada por Lechman “se desprende en forma genérica la posibilidad de un incumplimiento de deberes de funcionario público”, no obstante, para su aplicación se requiere “necesariamente como prerequisito que la figura del artículo 239 del Código Penal se encuentre perfeccionada, lo cual no sucedió”.
Luego de sentar jurisprudencias en los considerando, el Magistrado sostuvo que “el presente caso se encuentra enmarcado en las previsiones del artículo 178, segundo párrafo del C.P.P.P., y así, corresponde en mérito a ello el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción por cuanto el hecho traído a conocimiento no constituye delito”; por lo cual se rechaza “el requerimiento fiscal de instrucción por considerar que el hecho investigado no constituye delito”.
FUENTE: sur54
