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25 JUL2015
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Dom. 10 Jul.

Opinión

De objetivos e instrumentos o “el conflicto por el daño”

Llegando al receso invernal, Tierra del Fuego va en camino de anotarse el récord de paro docente, con el ciclo lectivo formalmente sin iniciar. La costumbre puede ser mala consejera y, tal como van las cosas, el paro podría prolongarse por todo el año 2016 en curso.

Por Osvaldo Lopez

Senador Nacional (M.C.) – Nuevo Encuentro TDF


Algunos podrán pensar que “es un triunfo sindical”; otros, que “es un ejemplo de mal gobierno”. Por mi parte creo que se trata del fracaso de toda una sociedad: la fueguina.

Es que los gobernantes están para tomar decisiones; acertadas o no según la perspectiva de cada cual, para eso han sido puestos por la sociedad en el lugar que ocupan, y a sabiendas de que no hay modo de hacerlo sin ‘herir susceptibilidades’ en el sentido de no tocar intereses ni generar disconformidades, enojos, reclamos, confrontaciones, adhesiones. Así de simple o de compleja es la democracia en tanto modo de organización social actualmente vigente, generalmente aceptado, siempre perfectible.

Luego, los gobernantes deben respetar que los trabajadores y sus organizaciones decidan un paro de actividades; que sea ‘por tiempo indeterminado’ es una posibilidad, del punto de vista de la legalidad formal que integra el mismo sistema democrático aludido, que del punto de vista político caben valoraciones diversas.

Ese deber de respeto al derecho de huelga no quita que el gobierno busque maneras de que se levante el paro, por ejemplo negociando, ensayando fórmulas de concesiones recíprocas que puedan dar sustento a un acuerdo que preserve el sentido y la responsabilidad que hacen a la existencia de cada una de las partes en el conflicto: ni el sindicato hace desaparecer al gobierno, ni viceversa.

Y ahí estamos trabados: sindicato y gobierno ejercen formalmente sus derechos; ‘cada parte’ hace lo que entiende debe y tiene derecho de hacer. El punto es si además de ‘las partes’ hay ‘un todo’ y si a alguien ese todo debe importar tanto o más que las partes.

Hay otras partes también, claro, con menos ‘poder de fuego’, con menos estridencia en la voz, bien que no menos necesarios, importantes, legítimos en una democracia que se precie, que no ha de ser darwinista. Entre esas otras partes están los docentes no sindicalizados, los que –sindicalizados o no- quieren dar clases, los trabajadores no docentes, los padres de los alumnos, los estudiantes.
La cuestión es que a esta altura histórica de la evolución de las sociedades pensar las partes con indiferencia del todo o del conjunto parece imposible. Está claro que una sociedad tiene subjetividad propia, distinta e interdependiente de las subjetividades de las partes –individuales o grupales- que la componen, como que ese sujeto social no es simplemente la sumatoria o superposición de las partes.

Como es claro que a la sociedad la moldean los llamados ‘intereses del conjunto’, que deben armonizarse a los intereses sectoriales en un complejo juego de tensión permanente.

Los intereses tienen entre sus notas características a la mezquindad, cuya intensidad puede variar pero que siempre está, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y acá vamos entrando al tramo en que debemos empezar a responder ‘si además de las partes hay un todo’, y a explicar porqué afirmamos que asistimos a la comprobación de un fracaso de la sociedad fueguina.

Quien debe dirigir, con miras a armonizar esa ‘tensión’ de que hablamos al aludir al juego de intereses sectoriales y del conjunto sociales, persiguiendo un equilibrio que es difícil, esquivo, taimado, en ese derrotero que no es sino ‘administrar mezquindades’, es precisamente esa sociedad, dotada de subjetividad y órganos propios que, cuando no lo logra, fracasa.

Así como la mezquindad caracteriza el interés, la transmigración de la responsabilidad caracteriza a la disgregación social cuando la armonización de tensiones o la administración de mezquindades fracasa; lo que usualmente se dice ‘nadie se hace cargo’. Son componentes de una suerte de ‘mecanismo de subsistencia’, que podría ser innecesario si en un ejercicio heroico de libertad colectiva decidiéramos romper el tabú, enfrentar el espejo sin miedo al reflejo de las miserias, asumir un par de cosas y avenirnos a transformar otras tantas.

Esto es un poco lo que según Hobbes explica el origen de la sociedad y lo que lleva a Locke a proponer ‘el contrato social’: existimos como sociedad para eso, para administrar tensiones entre intereses diversos y contrapuestos, para administrar mezquindades de modo de no comernos unos a otros hasta que sólo el más apto superviva, poniendo en riesgo la existencia misma de la especie.

Luego ese contractualismo liberal es replicado desde el materialismo dialéctico y la tesis marxista de la lucha de clases que ha nutrido y transformado la teoría y la praxis política, sin dejar tampoco de actualizarse permanentemente a sí misma a partir de las autocríticas y reflexiones que posibilitan las experiencias históricas concretas.

Y en esto la sociedad, que es el sujeto histórico, social y político, instituye un gobierno –que no la sustituye- como ‘un instrumento’ presto a cumplir aquel fin –que no delega y del cual no se desentiende. Por eso decíamos que es la sociedad la que fracasa. Pero como el tabú de la auto preservación manda que los fracasos no se asumen, el alma social transmigra al gobierno (¿o éste la exporpia?) que deja de ser un instrumento; el fin y la responsabilidad se delegan y entonces libres de pecado culpabilizamos al gobierno, lo cual es fácil como todo lo delegativo y a veces hasta puede ser correcto pero… ‘el problema’ sigue ahí, y los afectados también, eso no cambia conforme la culpa vaya y venga como pelota de tenis en un partido de recíproca atribución.
Queda claro entonces que, aunque sea por mezquindad, es imposible la realización de las partes sin la del todo (o la realización plena de los sectores sin la del conjunto social).

También es instrumental el derecho de huelga, vale decir no es un fin en sí mismo. El objetivo es una determinada reivindicación. Medio y fin se enredan en una dinámica que involucra valoraciones y definiciones tácticas y estratégicas relativas a proporcionalidad, efectividad y otros factores que, entre otras cosas, lo pueden inutilizar conforme sus chances de triunfo desaparecen o se apocan.

Toda protesta implica una presión que, dirigida a alguien cuya conducta se quiere o se necesita determinar, puede contener una dosis de daño que se justifica o tolera en orden a un bien superior que, logrado, la repara. Cuando ese bien no se logra y sólo queda el daño que no puede, por ende, repararse, el instrumento pierde sentido –por sí o por sus modalidad y oportunidad de utilización- y acá también pierde toda la sociedad, cuando se deslegitiman herramientas como el sindicalismo o la huelga, que son conquistas que han demandado enormes esfuerzos históricos, y al final el balance puede ser como el de quien ha ‘escupido para arriba’ o termina comprobando que ha sido funcional a quienes históricamente han resistido, denostado, censurado esas conquistas .

Yendo ‘a los bifes’, nadie en Tierra del Fuego desconoce –y no de ahora sino desde hace ya varios años- que la situación de la caja de jubilaciones de los trabajadores del Estado está en bancarrota y que el sistema previsional, con su déficit estructural, no es sustentable.

Cuando la vida laboral transcurre más en pasividad que en actividad, esto es los afiliados cobran de la caja durante más tiempo del que aportan porque se jubilan muy jóvenes, y cuando cobran jubilaciones, en promedio, altas y, en muchos casos altísimas, los números no pueden cerrar y las consecuencias son por todos conocidas. Esto sin contar gastos operativos que se solventan con los mismos recursos.

Que, encima, los aportes y contribuciones no se remitan en tiempo y forma y que las deudas no se paguen, agrava el problema en la coyuntura. Decimos ‘en la coyuntura’ porque aun si estos problemas no existieran las variables sistémicas vinculadas a ingresos y gastos corrientes no se resolverían ni contando con esta posibilidad.

Los aportes y contribuciones se deben remesar regularmente y las deudas se deben pagar, esto está así establecido en las leyes por lo menos desde la Roma Antigua, cumplir o no a veces depende de posibilidades materiales. Las leyes contingentes son las previsionales fueguinas, que fueron mutando en orden inverso a las características sistémicas de la seguridad social y al compás de la politiquería de gobiernos (en sus tres poderes), organismos de control, directorios, sindicatos, empleados, jubilados, desde tiempos en que, como corresponde al neoliberalismo, se mercantilizó el derecho.

Quienes disputamos las elecciones para la gobernación en 2015 expusimos nuestras propuestas sobre el tema, algunos más que otros, algunos con más publicidad o márquetin. Ganó quien ganó –penal cobrado que se respeta- y tomó decisiones, como es propio de quien no debe evadir los problemas por complejos o antipáticos que sean. Se enoje quien se enoje y tratando de ‘administrar’ los enojos; bien o mal, se verá en las urnas la próxima vez.

Por nuestra parte, partiendo de que la propuesta de Nuevo Encuentro no cosechó la cantidad suficiente de votos para ganar la elección, no nos parece tan descabellado que los afiliados activos y pasivos que cobran más de cierto piso salarial –que no es tan bajo- hagan un aporte extraordinario por dos años. Al fin y al cabo aportan para sí, para su propia caja, para su propio sistema; no están aportando para los albañiles, los taxistas, trabajadores de las petroleras, de las fábricas, de los comercios, monotributistas, empleados públicos nacionales o de otras provincias.

Huelga recordar que los aportes jubilatorios son ‘salario diferido’ por ende, con independencia de cuál sea el porcentaje, no son rebaja salarial ni ajuste –lo cual no decimos que no haya pero en tal caso por otras causas –no siempre manejables para la política local- como la inflación que supere la paritaria… si hubiera paritaria, que también el paro la pone en crisis.

No desconocemos que se impugnan también otras medidas de la reforma previsional, pero se trata más de estrategias discursivas, que en los hechos lo que moviliza es el descuento del aporte extraordinario en el marco de la emergencia declarada. Luego, nunca faltan oportunistas que intentan aprovechar el bardo para resolver sus vacíos políticos, o tratar de zanjar internillas ajenas a la historia ésta, aunque para ello tengan que reinventarse como ‘pro sindicalistas’; es así el entrevero, ‘igual que en la vidriera irrespetuosa’ de Discépolo.

Así por ejemplo se cuestiona que el haber de pasividad se determine en relación al promedio salarial de los últimos diez años en actividad, pero esto es así desde los orígenes mismos de la previsión social.
Y se critica el incremento de la edad jubilatoria, que en razón de su plan de aplicación gradual o escalonada prácticamente no afecta a los huelguistas del momento. Este es un punto que habrá que ver con el tiempo. Por lo pronto está en revisión a nivel de las ciencias de la seguridad social a escala mundial y no se puede descartar que a futuro se vuelva a modificar. El aumento de la expectativa de vida es un dato de las sociedades contemporáneas en el mundo y se estudia si esos años ganados se destinan a la etapa activa o pasiva del trabajador y de la trabajadora; o si se reparten, en qué proporciones y condiciones. Es un punto que excede a los actores de la contienda fueguina, entre los cuales no hay un experto en la materia como en tiempos de José Martínez, inigualable al cual todos y todas quienes hoy se expresan sobre el tema, en su momento, le dieron la espalda.
Entonces no queda otra que analizar la coartada de que bajo la apariencia de un conflicto gremial se está jugando otro juego.
Decir que se trata de un juego político es una obviedad, dado que toda huelga en tanto acción colectiva y reivindicativa es política. Hablar de un juego político/partidario/electoral/gubernamental conlleva otras consideraciones.
Ya dejamos establecido que el sujeto político en democracia es el pueblo y también sabemos que la protesta como herramienta del movimiento social es de indiscutibles legitimidad y necesidad.

En el contexto de avance de la derecha neoliberal en los países de la región latinoamericana, auspiciada por los EEUU, la movilización de la protesta contra las políticas anti populares inevitablemente irá ganando niveles de organización y acción hasta lograr que el rumbo de la inclusión social y de la ampliación de derechos pueda ser retomado por los pueblos a través de gobiernos fieles a su causa . No parece ser esto lo que se propone el movimiento huelguista local si tenemos en cuenta que sus principales referentes y activistas suelen expresar que “todos son lo mismo” por lo menos del ’76 para acá (o desde antes inclusive).

Mientras los pueblos no recuperemos las riendas de nuestros destinos, ilegítimamente arrebatadas por la oligarquía anti nacional, anti popular y anti democrática que, en el caso argentino, sintetiza Mauricio Macri, ni Tierra del Fuego ni ninguna provincia, municipio o comuna, gobierne quien gobierne, ni ningún sector social por más estabilidad laboral legalmente asegurada que tenga, se va a salvar en soledad.

Rompamos entonces el frasco cuyas forma y límites nos obligan a vernos apenas el propio ombligo, veamos qué está pasando en el mundo y mancomunemos solidariamente los esfuerzos –incluidos gobernantes que no se reconozcan parte de esa oligarquía- para resolver de raíz el problema –que es otro e infinitamente más grande- y en interés y en beneficio de todos y todas y después vemos cómo cada sector se acomoda lo mejor que pueda en un mundo, una región y un país sostenibles para la vida, o qué gobernadores o intendentes elegimos en base a la política, o votamos –que no es lo mismo que elegir- en base a la propaganda.

En esa batalla, que es sistémica y que es global, y que empieza de Macri para arriba, mejores chances tendremos los pueblos conforme mejor incluidos, tratados y en desarrollo estén nuestros niños y, en ello, a las escuelas funcionando con los maestros enseñando les toca una gran parte como nos lo demuestra, entre otros casos, la experiencia de más de 50 años del pueblo cubano.

Las revoluciones las hacen los pueblos o no las hace nadie y, en lo que a esta parte del mundo toca, es nacional y latinoamericana o no sirve. En este contexto, de los intentos vanguardistas sólo puede quedar el daño que, dijimos, puede ser en parte consecuencia coyuntural no querida, pero nunca el fin en sí mismo; menos cuando victimiza a los más indefensos.
Abogado Osvaldo Lopez – Senador Nacional (M.C.) – Nuevo Encuentro TDF



  Algunas consideraciones sobre la crisis del sindicalismo pueden tomarse de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas a partir de http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303337-2016-07-04.html
  Ver, p.ej.: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303336-2016-07-04.html




















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